La presidenta Claudia Sheinbaum y el coordinador de Política y Gobierno, Arturo Zaldívar, solicitaron este viernes al Congreso de la Unión que se realicen ajustes a la minuta de reforma de la Ley de Amparo para garantizar que no se aplique de manera retroactiva. Durante la conferencia matutina celebrada en Palacio Nacional, Zaldívar Lelo de Larrea destacó que el artículo primero transitorio, aprobado por el Senado, carece de la claridad necesaria, lo que ha desencadenado un debate innecesario, así como críticas y preocupaciones válidas.
Zaldívar enfatizó que la Constitución prohíbe aplicar leyes de forma retroactiva si esto perjudica a las personas. “No apoyamos ninguna transgresión a la Constitución ni la aplicación retroactiva de normas. Si este punto no está lo suficientemente claro, hacemos un llamado respetuoso para que se precise y se eliminen las dudas”, afirmó el exministro de la SCJN. Propuso a los diputados incluir tres aclaraciones en el texto: reconocer que la Ley de Amparo es de naturaleza procesal, establecer que las etapas procesales finalizadas generan derechos adquiridos que no pueden alterarse, y especificar que solo las acciones posteriores a la entrada en vigor de la reforma se regirán por las nuevas reglas.
El exministro aclaró que, al tratarse de una norma procesal, la Ley de Amparo regula procedimientos y juicios, no derechos de fondo. Por ello, aseguró que las suspensiones ya concedidas o las resoluciones previas no sufrirán modificaciones, y los cambios solo impactarán en etapas futuras, como plazos más rápidos o notificaciones por medios electrónicos. El Senado aprobó la reforma con un transitorio que podría entenderse como aplicable a juicios en curso, lo que llevó a Sheinbaum y Zaldívar a pronunciarse al respecto.
Ahora, la Cámara de Diputados tendrá la tarea de decidir si conserva el texto original o integra las modificaciones propuestas. Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum reiteró que su administración no respaldará acciones que vayan en contra de la Constitución, subrayando que el objetivo es brindar certeza jurídica y reforzar la confianza en el sistema de justicia.
