Este viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos abrió nuevamente la puerta para que el Gobierno de Donald Trump anule una protección legal temporal que ampara a cientos de miles de migrantes venezolanos en el país, alineándose con una de las principales prioridades del presidente republicano en su estrategia de deportaciones masivas. Los magistrados aceptaron la solicitud del Gobierno de suspender la resolución de un juez que afirmaba que la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, no tenía la autoridad para terminar con el Estatus de Protección Temporal (TPS) otorgado a estos migrantes durante la administración demócrata previa de Joe Biden, mientras el caso continúa en los tribunales.
En mayo pasado, la Corte Suprema ya había respaldado al Gobierno al levantar una orden provisional emitida por el juez de distrito Edward Chen, de San Francisco, en una fase anterior del litigio, que impedía la cancelación del Estatus de Protección Temporal durante el desarrollo del proceso judicial. Sin embargo, el 5 de septiembre, Chen dictó una sentencia definitiva, concluyendo que las decisiones de Noem para finalizar el programa infringían una ley federal que regula las acciones de las agencias gubernamentales. Además, el juez cuestionó las «declaraciones discriminatorias» de Noem sobre los venezolanos, destacando que generalizar los supuestos delitos de unos pocos migrantes a toda la población venezolana con TPS, quienes presentan menores tasas de criminalidad y mayores niveles de educación universitaria y participación laboral que el promedio general, constituía una forma evidente de racismo.
La decisión de Chen implicaba que más de 300,000 venezolanos beneficiarios del Estatus de Protección Temporal podrían seguir en Estados Unidos por el momento, a pesar de que Noem había considerado que mantener esta protección era «contrario al interés nacional». El TPS es una designación humanitaria establecida por la legislación estadounidense para países afectados por conflictos, desastres naturales u otras crisis, que otorga a los beneficiarios en territorio estadounidense salvaguarda contra la deportación y la posibilidad de obtener permisos de trabajo.
