Este martes, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) de Costa Rica presentó una solicitud al Congreso para que se levante la inmunidad constitucional del presidente Rodrigo Chaves, con el fin de investigarlo por una posible interferencia en la campaña política de cara a las elecciones programadas para febrero de 2026, según informó la institución en un comunicado oficial. Esta petición se produce apenas dos semanas después de que la Asamblea Legislativa desestimara una solicitud de la Fiscalía General para desaforar a Chaves y procesarlo por un caso de presunta corrupción antes del fin de su mandato, el próximo 8 de mayo.
El TSE ha consolidado en un expediente 15 de las 24 denuncias recibidas contra Chaves por lo que se denomina “beligerancia política”, un término que describe la intervención en asuntos electorales, a pesar de la prohibición que impide a los presidentes pronunciarse sobre candidaturas o partidos y les exige suspender toda propaganda gubernamental. Juan Luis Rivera, letrado del TSE, explicó que estos procedimientos podrían derivar en la destitución del presidente o en su inhabilitación para ocupar otros cargos públicos. En Costa Rica, la normativa no permite la reelección inmediata de un presidente.
La Presidencia no emitió una respuesta inmediata ante las solicitudes de comentarios. Chaves, economista y político de 64 años, ha criticado al TSE, acusándolo de actuar con parcialidad política y de intentar imponerle una «mordaza» al exigir la interrupción de toda propaganda gubernamental, tanto en medios tradicionales como, por primera vez, en redes sociales.
El proceso electoral se desarrolla en un contexto de considerable incertidumbre, marcado por el desgaste de los partidos tradicionales, la fragmentación de la oposición y una profunda polarización entre los detractores de Chaves y sus seguidores, que representan el 52% de la población según un sondeo realizado en septiembre por la Universidad de Costa Rica (UCR). Además, las elecciones se llevan a cabo en medio de un creciente clima de inseguridad, impulsado por el avance del narcotráfico, que ha resultado en niveles récord de homicidios en un país que históricamente se destacaba por ser uno de los más seguros de la región.
De acuerdo con el estudio de opinión pública, la candidata oficialista Laura Fernández encabeza las preferencias iniciales, aunque no cuenta con el respaldo suficiente para asegurar una victoria en la primera vuelta. Durante estos comicios también se elegirán a los 57 diputados del Congreso para el período 2026-2030, en un entorno de tensiones políticas y sociales en aumento.
