Congreso argentino restringe el uso de decretos por parte del presidente

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Congreso argentino restringe el uso de decretos por parte del presidente

El Congreso de Argentina dio luz verde el miércoles a una legislación que restringe el uso de decretos de necesidad y urgencia por parte del Poder Ejecutivo, una decisión que podría dificultar la administración del presidente Javier Milei, quien cuenta con minorías en ambas cámaras legislativas. La Cámara de Diputados aprobó la norma con 140 votos a favor, 80 en contra y 17 abstenciones, tras haber recibido previamente el aval del Senado. Sin embargo, Milei tiene la posibilidad de vetar esta medida.

La nueva ley, calificada por el Gobierno como “desestabilizadora”, establece que los decretos emitidos por el Ejecutivo deben ser ratificados por ambas cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días. De no conseguirse este respaldo, los decretos quedarían sin efecto. Además, la normativa introduce un cambio significativo: un decreto podría ser anulado con el rechazo de solo una de las cámaras, mientras que en la actualidad se requiere la desaprobación de ambos recintos. “Aunque el Poder Ejecutivo tenga facultades otorgadas por la ley, no debe abusar de ellas de forma desproporcionada ni irracional, ya que esto causa un daño considerable al sistema institucional”, argumentó el diputado opositor peronista Miguel Ángel Pichetto.

La oposición sostiene que el Gobierno ha recurrido frecuentemente a los decretos presidenciales para implementar un severo ajuste fiscal, que ha permitido revertir el déficit presupuestario que Argentina arrastraba durante años. Milei, con escasa representación en el Congreso, enfrentará elecciones de medio término el 26 de octubre, en las que se renovará un tercio del Senado y la mitad de la Cámara de Diputados. Un resultado desfavorable podría agravar las dificultades para avanzar con su agenda de reformas en la segunda mitad de su mandato. “La oposición intenta desestabilizar al Gobierno y crear incertidumbre jurídica con este proyecto de ley, que consideramos inconstitucional”, afirmó el diputado oficialista Nicolás Mayoraz.

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