Este jueves, dos audiencias judiciales en distintos estados pondrán a prueba nuevamente los controvertidos y excepcionales despliegues de la Guardia Nacional ordenados por el presidente Donald Trump. En Illinois, un juez federal evaluará si suspende de manera temporal el envío de tropas a Chicago, mientras que en California, un tribunal de apelaciones analizará la apelación inicial de Trump respecto a su decisión de destinar efectivos a Portland, Oregón, una medida que fue bloqueada por un juez federal el pasado fin de semana.
Por otro lado, el miércoles, una alianza de 24 estados entregó un documento respaldando la demanda presentada por Oregón y California, manifestando su rechazo al despliegue de la Guardia Nacional en Portland. En su argumento, estos estados señalaron que dicha acción va en contra de la Constitución de Estados Unidos, socava la autoridad de Oregón y representa un riesgo para las comunidades locales de esa ciudad. Pidieron al tribunal de apelaciones que ratifique la decisión del tribunal inferior.
Mientras las disputas legales avanzan, cerca de Chicago se encuentran 500 efectivos de la Guardia Nacional listos para actuar. Estas tropas, que son milicias estatales bajo el mando de los gobernadores, visten uniformes del Ejército de Estados Unidos, pero solo responden al gobierno federal cuando son convocadas para tal fin. Su despliegue habitual suele estar relacionado con emergencias por desastres naturales. Sin embargo, Trump sostiene que su presencia es imprescindible para resguardar a los agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), quienes, según él, enfrentan amenazas de manifestantes y de funcionarios demócratas electos que no han querido colaborar con la Casa Blanca.
A su vez, gobernadores y alcaldes demócratas han denunciado que el presidente está generando una crisis con fines políticos. Actualmente, Trump enfrenta cuatro demandas relacionadas con el envío de tropas a Portland, Los Ángeles, Washington D.C. y Chicago. Hasta el momento, dos tribunales han declarado ilegales estos despliegues, argumentando que las protestas en Los Ángeles y Portland no justificaban una respuesta de carácter militar. No obstante, el tribunal de California ha sido desautorizado por el mismo tribunal de apelaciones que ahora revisará el caso de Portland, indicando que las decisiones militares del presidente deben ser tratadas con considerable deferencia.
