La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo envió este jueves a la Cámara de Diputados una propuesta para promulgar una Ley General de Aguas y realizar modificaciones a la Ley de Aguas Nacionales. El objetivo es establecer normativas sobre el uso del agua en actividades productivas, regular las concesiones y garantizar su acceso a toda la población. Además, se definen sanciones, castigos y medidas de reparación por irregularidades que comprometan la disponibilidad o calidad del recurso. En particular, se incorpora un capítulo V titulado Delitos Hídricos, que estipula que estos serán perseguidos de oficio.
Entre las penas propuestas, se contemplan de dos a diez años de cárcel para quienes trasladen aguas nacionales con fines lucrativos sin autorización, o para quienes alteren, desvíen u obstruyan cauces, vasos o flujos de agua, causando impactos directos en las condiciones hidráulicas. Asimismo, se castigará con hasta nueve años de prisión a quienes manipulen medidores de volumen de agua para aparentar un consumo inferior. Por otro lado, se impondrán penas de hasta 12 años a servidores públicos que concedan autorizaciones a cambio de beneficios personales, para familiares hasta ciertos grados de parentesco, o para terceros con vínculos profesionales o comerciales. De igual forma, particulares que cometan actos de corrupción para obtener concesiones enfrentarán penas de uno a 12 años.
Además, se aplicarán multas de hasta 50,000 UMA, equivalentes a 5 millones de pesos, a quienes extraigan volúmenes de agua superiores a los permitidos, realicen obras en áreas restringidas o de veda sin autorización, cambien el uso de suelo autorizado o transfieran títulos de concesión sin permiso. Otro cambio significativo es que el Estado Mexicano asumirá la regulación exclusiva del agua, eliminando la transmisión de derechos entre particulares. También se establece que las concesiones no utilizadas para los fines aprobados deberán retornar a la Conagua para una redistribución más eficiente.
Para ello, se creará el Registro Nacional del Agua, que verificará que el recurso se emplee conforme a lo autorizado, y un fondo de reserva de aguas nacionales para reasignar volúmenes. El Ejecutivo Federal determinará los límites de extracción, uso y descarga, así como las condiciones de las concesiones y otras medidas de interés público. Asimismo, se promueven acciones para garantizar el derecho al agua potable y saneamiento, como la instalación de sistemas de captación pluvial en hogares, adaptados a las necesidades regionales, y la inclusión de estos sistemas en códigos de construcción y leyes de propiedad.
Finalmente, se fomenta la participación ciudadana en la gestión del agua, así como su cuidado, tratamiento, recuperación y reutilización. Cabe destacar que esta ley debió emitirse desde febrero de 2013, tras la reforma constitucional de 2012 que reconoció el derecho al agua. Después de 12 años y reiterados llamados de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Congreso iniciará su análisis a solicitud de la presidenta.
