Claudia Sheinbaum, en su calidad de presidenta, dio a conocer el decreto que modifica el artículo 73 de la Constitución con el propósito de emitir una ley general en materia de extorsión. Este documento determina que el Congreso de la Unión estará obligado a emitir dicha ley dentro de un período que no exceda los 180 días contados a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
La modificación tiene como fin habilitar a la autoridad para perseguir de oficio la extorsión, además de uniformar las sanciones y los agravantes en toda la nación. Según el dictamen, la extorsión representa un delito de gran repercusión que impacta no solamente a las víctimas inmediatas, sino también al patrimonio colectivo, a la economía nacional y a la estabilidad emocional de los individuos afectados.
El Senado ya procedió a declarar la constitucionalidad de la reforma una vez que 22 congresos locales avalaron el cambio. En tanto el Congreso de la Unión desarrolla la ley general, las normativas federales y locales existentes sobre extorsión continuarán aplicándose; el esquema transitorio de la nueva disposición establecerá los tiempos y requisitos para las adaptaciones normativas requeridas.
En esencia, la iniciativa aspira a proporcionar al Estado instrumentos homogéneos y de mayor eficacia para rastrear y castigar la extorsión en la totalidad del territorio nacional.
