El Tribunal de Disciplina Judicial conserva la suspensión a juzgadora electa y la Corte rechaza suspensión respecto a la carrera judicial
El Pleno del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ) del Poder Judicial de la Federación (PJF) determinó dar vista a la Fiscalía General de la República (FGR) para que evalúe si una conducta calificada como grave, proveniente de una queja obtenida en el proceso de transición del extinto Consejo de la Judicatura Federal (CJF), podría configurar un delito.
Mediante un comunicado, el TDJ comunicó también que se optó por mantener la suspensión de funciones a una juzgadora electa por voto popular el pasado 1 de junio, quien actuaba como secretaria de acuerdos previo a su elección.
En las dos situaciones, el Tribunal no proporcionó detalles extras sobre las resoluciones.
“En el pleno del TDJ se han venido resolviendo quejas que se recibieron durante el proceso de transición del extinto Consejo de la Judicatura Federal, y en una de ellas, ante la gravedad de la falta, se adoptó el criterio de dar vista, de inmediato, a la Fiscalía General de la República para que determine si la conducta es constitutiva de delito”, precisó el comunicado.
SCJN niega suspensión provisional sobre la carrera judicial
Por otro lado, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió negar la suspensión provisional requerida en contra de los efectos y consecuencias del sistema normativo que regula la carrera judicial del PJF.
Al examinar una contradicción de criterios entre tribunales colegiados, y bajo la ponencia de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, la Corte estableció —por seis votos contra tres— que no procede otorgar la suspensión provisional en amparo indirecto contra dicho sistema normativo.
La sentencia fija como criterio obligatorio que tal suspensión afectaría el interés social y contravendría normas de orden público, particularmente el artículo 100 de la Constitución Federal.
“De concederse la suspensión, se causarían perjuicios al interés social y se vulnerarían disposiciones de orden público, pues la sociedad está interesada en que los miembros de la carrera judicial sean evaluados bajo los mayores estándares de calidad y profesionalismo, lo que fortalece directamente la impartición de justicia”, precisa la resolución.
