Expertos destacan ausencia de financiamiento y peligros en la administración comunitaria del agua
La propuesta que pretende promulgar la Ley General de Aguas y modificar la Ley de Aguas Nacionales podría generar un aumento en la burocracia, mayor informalidad en el manejo del recurso y dificultades operativas si no va acompañada de un presupuesto adecuado, alertaron especialistas consultados por El Economista.
José Antonio Cortés Lara, investigador del Colegio de la Frontera Norte, admitió como un progreso el reconocimiento del agua como bien estratégico y derecho humano, pero enfatizó que la mayoría de los 28,000 comités comunitarios que gestionan el recurso en áreas rurales e indígenas no cuentan con soporte jurídico ni fondos económicos.
“Decir que se les va a reconocer el derecho a gestionar el agua está bien, pero ¿cómo van a pagar las concesiones o mantener la infraestructura si no tienen dinero ni apoyo legal? Se necesitaría un estudio mucho más profundo para atender su realidad”, señaló.
El académico también alertó que el proyecto no trata con precisión los asuntos de sustentabilidad ambiental ni los caudales ecológicos, esenciales para preservar los flujos naturales de los ríos y ecosistemas.
Por su lado, Óscar Ocampo, director de Desarrollo Económico del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), puso en duda la disposición que prohíbe el traspaso o venta de concesiones y obliga a devolver al Estado aquellas que no se utilicen. Esta medida, indicó, podría impactar a usuarios pequeños.
“Si un productor agrícola vende su rancho, ya no podría transferir la concesión de agua al nuevo propietario; tendría que devolverla a Conagua, que decidiría si la reasigna o no. Esto eleva los costos y fomenta la informalidad en un sector donde ya existen malas prácticas”, explicó.
Ocampo estimó que, en vez de potenciar la inspección y supervisión para prevenir abusos, la iniciativa crea nuevos incentivos para operar fuera de la ley.
En cuanto a Raúl Rodríguez, presidente del Consejo Consultivo del Agua, advirtió que la incorporación de un capítulo sobre delitos hídricos —que endurece sanciones por robo o extracción ilegal del recurso— resulta positiva, pero insuficiente si no se robustece la capacidad institucional.
“El esquema de inspección fue prácticamente desmantelado con la austeridad republicana. Hoy hay muy pocos inspectores para revisar pozos o detectar extracciones ilegales. Sin más presupuesto y personal especializado, no habrá forma de prevenir los delitos”, sostuvo.
Los expertos concordaron en que la reforma hídrica demanda una mayor asignación presupuestal para su implementación efectiva. Recordaron que organismos internacionales recomiendan invertir al menos 1% del PIB en infraestructura hídrica, una meta aún lejana para México.
