Arturo Zaldívar, coordinador general de Política y Gobierno del Ejecutivo federal, respaldó las reformas recién aprobadas a la Ley de Amparo por la Cámara de Diputados, argumentando que no limitan los derechos de los ciudadanos ni obstaculizan el acceso a la justicia. Según afirmó, estas modificaciones persiguen transformar el juicio de amparo en una herramienta más eficiente, actualizada y adaptada a las demandas actuales del país. Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, Zaldívar Lelo de Larrea denunció una “campaña de desinformación” destinada a hacer creer que los cambios son un retroceso. “El juicio de amparo no se reduce ni se restringe, ni se pretende afectar la protección de las personas”, aseguró con firmeza.
El exministro de la Suprema Corte destacó que las reformas promovidas por el gobierno federal modernizan el sistema judicial al agilizar los trámites y fomentar la justicia digital, lo que reduce costos y facilita el acceso a la justicia para los ciudadanos. Zaldívar Lelo de Larrea explicó que uno de los objetivos principales es prevenir el mal uso del amparo, particularmente en casos de lavado de dinero y créditos fiscales definitivos, donde algunos jueces, según él, “habían desbloqueado cuentas de supuestos criminales”, complicando la lucha contra el crimen organizado. “Una herramienta tan valiosa como el amparo no debe usarse para amparar a quienes lavan dinero”, señaló.
Asimismo, detalló que, en situaciones de cuentas bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), no se concederá la suspensión a menos que el afectado demuestre la legalidad de sus fondos. Sin embargo, aclaró que quienes sean perjudicados por error podrán acceder a un “mínimo vital” para cubrir necesidades básicas como salarios, impuestos o pensiones alimenticias, protegiendo así sus derechos. En el ámbito fiscal, defendió las nuevas reglas que prohíben presentar amparos contra créditos firmes, con el fin de abreviar procesos que, según afirmó, “pueden extenderse hasta 20 años” y que favorecen a grandes deudores y despachos que alargan los litigios. “Buscamos que quien deba impuestos los pague, sin menoscabar su derecho a defenderse, pero con procedimientos más rápidos”, subrayó, destacando que las reformas combaten abusos de larga data.
Zaldívar también rechazó las acusaciones de la oposición sobre la retroactividad de la reforma, aclarando que los juicios en curso seguirán las normas previas en las fases ya completadas, aplicándose las nuevas disposiciones solo a etapas posteriores. Acusó a ciertos jueces, magistrados y analistas de “mentir intencionalmente” al sostener lo contrario. “Los detractores de esta reforma actúan por motivos políticos o económicos, protegiendo a deudores fiscales o siendo parte del antiguo sistema del PRIAN”, afirmó con contundencia.
