Este jueves, 16 de octubre, el Diario Oficial de la Federación (DOF) dio a conocer el Decreto que introduce reformas y adiciones a la Ley de Amparo, al Código Fiscal de la Federación y a la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este documento, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, tiene como objetivo actualizar los procesos judiciales mediante la implementación obligatoria de herramientas tecnológicas y limitar el uso del juicio de amparo en ciertos supuestos.
De acuerdo con el contenido del decreto, se establece que todas las autoridades estarán obligadas a registrarse como usuarios en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, las notificaciones, promociones y resoluciones podrán llevarse a cabo de manera electrónica utilizando la Firma Electrónica Judicial, la cual tendrá la misma validez legal que una firma manuscrita.
Otro de los aspectos destacados de las modificaciones es la definición del interés legítimo, descrito como una “lesión jurídica individual o colectiva, real y distinta del resto de las personas”. Esto restringe el acceso al amparo únicamente a quienes demuestren un daño específico, excluyendo casos donde el beneficio sea considerado “hipotético o eventual”.
Por su parte, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, coordinador general de Política y Gobierno del Ejecutivo federal, respaldó estas reformas a la Ley de Amparo, aprobadas por la Cámara de Diputados. En la conferencia matutina del Ejecutivo federal, afirmó que dichas cambios no atentan contra los derechos de los ciudadanos ni obstaculizan el acceso a la justicia, sino que pretenden convertir el juicio de amparo en un mecanismo más eficiente, actualizado y adaptado a las demandas actuales del país.
Zaldívar también denunció la existencia de “una campaña de desinformación” que intenta hacer creer que las reformas son un retroceso. Insistió en que “el juicio de amparo no se restringe, no se limita ni se pretende afectar la protección de las personas”. El exministro de la Suprema Corte destacó que estas modificaciones, promovidas por el gobierno federal, buscan agilizar los trámites judiciales, reducir costos y facilitar el acceso a la justicia mediante la digitalización de los procesos.
