Este martes, la justicia colombiana anuló la condena contra el expresidente Álvaro Uribe por los delitos de soborno y fraude procesal, relacionados con un caso sobre su presunta vinculación con grupos paramilitares antiguerrilla. Uribe, líder de la derecha y de 73 años, se había convertido en agosto en el primer expresidente del país condenado penalmente y privado de libertad con la pena máxima por estos cargos. Sin embargo, un juez de un tribunal de Bogotá revocó la sentencia de 12 años de prisión domiciliaria, argumentando que no se hallaron pruebas suficientes para incriminarlo. Además, el tribunal señaló que las escuchas utilizadas como evidencia fueron obtenidas de manera ilegal y destacó fallas en la “metodología” de la jueza que dictó el fallo inicial.
La audiencia, a la que Uribe asistió de forma virtual, continuó tras cuatro horas de lectura del fallo. El expresidente (2002-2010), quien pasó una veintena de días en prisión domiciliaria antes de defenderse en libertad gracias a una decisión de este mismo tribunal, siempre ha negado cualquier relación con paramilitares y ha calificado el proceso como una persecución liderada por la izquierda, encabezada por el actual presidente Gustavo Petro. Según la condena inicial, Uribe habría presionado a paramilitares encarcelados para que lo desvincularan de su organización, responsable de masacres, desapariciones y otros crímenes durante el conflicto armado.
El senador de izquierda Iván Cepeda, quien denunció a Uribe, junto con la fiscalía o la procuraduría colombiana, aún pueden presentar un recurso de casación ante la Corte Suprema de Justicia como último intento. El tribunal evaluará la validez de este recurso, un proceso que podría demorar meses o incluso años. El caso, iniciado en 2018 por la Corte Suprema tras las acusaciones de Cepeda, es considerado el más mediático del siglo en Colombia. Un testigo clave, el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, relató cómo un abogado de Uribe, Diego Cadena, intentó sobornarlo para alterar su testimonio. Monsalve grabó la oferta con una cámara oculta en su reloj, y Cadena fue condenado a siete años de prisión domiciliaria por soborno en este mismo caso.
El presidente Gustavo Petro, primer mandatario de izquierda en el país, criticó duramente la decisión del tribunal a través de la red social X, vinculándola a una supuesta ocultación de la historia de la “gobernanza paramilitar” y de políticos aliados con el narcotráfico que, según él, desataron un genocidio en Colombia. Petro también relacionó el fallo con tensiones diplomáticas con Estados Unidos y su enfrentamiento con el presidente Donald Trump, acusando a este último de apoyar a Uribe y a sectores que, a su juicio, respaldaron el paramilitarismo. El mandatario convocó a marchas para el viernes en respuesta al fallo, lo que ha generado críticas por su intervención en asuntos judiciales.
La revocación de la condena impulsa las aspiraciones de la derecha de cara a las elecciones presidenciales de 2026, en las que busca recuperar el poder frente a la izquierda. Una precandidata cercana a Uribe celebró la decisión y sugirió que el expresidente podría postularse al Senado o incluso a la vicepresidencia. Aunque Uribe goza de gran popularidad por su lucha contra la guerrilla durante sus dos mandatos, su gestión también estuvo marcada por graves violaciones de derechos humanos, como el asesinato de miles de civiles por parte del Ejército, presentados falsamente como guerrilleros abatidos a cambio de recompensas. Además, enfrenta otras tres investigaciones por la creación y financiación de un grupo paramilitar, masacres y el homicidio de un defensor de derechos humanos, todas en manos de la Fiscalía colombiana.
