Este martes, el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, intentó explicar desde el Salón Tesorería de Palacio Nacional por qué el Ejército Mexicano y la Guardia Nacional no actuaron a tiempo para proteger a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, asesinado el 1 de noviembre de 2025 durante las celebraciones de Día de Muertos. A pesar de las múltiples denuncias del funcionario, la intervención brilló por su ausencia.
Cuestionado sobre el papel de las fuerzas militares, Trevilla Trejo deslindó responsabilidades, echando la pelota a otros terrenos. “El protocolo de nosotros no falló. Fallaron otros asuntos”, afirmó, sugiriendo que si Manzo hubiera aceptado protección de la Guardia Nacional, con personal capacitado en seguridad a funcionarios, su nivel de protección habría sido mayor. En lugar de ahondar en los errores específicos durante el incidente, el general prefirió centrarse en el futuro, destacando el recién implementado “Plan Michoacán para la Paz y la Justicia” para reforzar la seguridad de políticos y mandatarios en los tres niveles de gobierno.
Ante una segunda pregunta sobre la responsabilidad militar en el momento del asesinato, Trevilla evadió detalles y señaló que la Fiscalía General del Estado de Michoacán se encargará de esclarecer los hechos. ¿Una respuesta o un pase de estafeta? La falta de claridad deja un sabor amargo.
Este caso pone en el reflector las fallas en la protección de funcionarios en zonas de alto riesgo. ¿Será el “Plan Michoacán” una solución real o solo un parche más? Mientras tanto, la tragedia de Manzo nos recuerda que las palabras no detienen balas, pero la inacción sí puede costar vidas.
