El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, presentó una iniciativa para reformar el artículo 35 de la Constitución, proponiendo que la revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se solicite una sola vez, seis meses antes del fin del tercer año de gobierno, coincidiendo con las elecciones intermedias de 2027. Sin embargo, el Laboratorio Electoral, liderado por Arturo Espinosa Silis, advirtió que esto podría favorecer al Ejecutivo y comprometer la equidad electoral.
La organización argumentó que unir la consulta de revocación con las elecciones intermedias daría una “ventaja competitiva importante” a la Presidencia, al proyectar alta participación y reforzar la imagen del gobierno en turno. Esto, alertaron, desequilibraría la competencia por el poder y dificultaría sanciones efectivas vía revocación, especialmente si el resultado es favorable. “Esto es contrario a la naturaleza de la revocación”, señalaron en un comunicado, rechazando también el argumento de “eficiencia de recursos” por falta de garantía de medios suficientes para ambos procesos. Instaron a los legisladores a analizar minuciosamente el dictamen y asegurar condiciones materiales y legales antes de aprobarlo, so pena de afectar la legitimidad del sistema electoral.
Por su parte, Sheinbaum pidió a los diputados debatir y aprobar la reforma a más tardar en 2026, argumentando que reduce costos y aprovecha la logística electoral. “La consulta no puede usarse para promoción personal”, afirmó, defendiendo certeza y transparencia.
¿Es esta reforma un ahorro astuto o un truco para blindar al poder? Porque, seamos sinceros, mezclar revocación con elecciones suena a estrategia de ajedrez político más que a un simple ajuste de calendario.
