Diversas asociaciones de abogados de Puebla solicitaron al Senado de la República revisar el caso de Pedro Antonio Martínez Hernández, consejero del Consejo de la Judicatura estatal, argumentando que no cumple los requisitos legales para el cargo y acusándolo de presunta corrupción, tráfico de influencias y abuso de autoridad. La petición, dirigida a la presidenta de la Mesa Directiva, Laura Itzel Castillo Juárez, y otros senadores, urge atender alertas previas de servidores del Poder Judicial sobre su designación.
Según los juristas, Martínez Hernández no satisface las condiciones normativas, como la edad mínima de 35 años y los 10 años de experiencia profesional en derecho que exige la ley para garantizar un perfil idóneo. El periodista Hiroshi Takahashi, en su columna El Espectador, destacó incongruencias en el expediente público del consejero, señalando que tendría apenas 29 años y carecería de trayectoria judicial, aunque goza de cercanía con Morena y fama de operador político, según La Jornada de Oriente.
Takahashi advirtió sobre rumores entre jueces y magistrados de presuntas “sugerencias” de Martínez Hernández en resoluciones de casos millonarios, lo que agrava las sospechas. “No es un adorno jurídico, es una barrera contra operadores políticos”, escribió. De confirmarse la falta de requisitos, sus actos como consejero podrían ser anulados, generando una crisis en el sistema de justicia poblano.
Los abogados insisten en que el Senado realice una revisión exhaustiva para preservar la legitimidad judicial. Porque, seamos sinceros, un consejero sin credenciales legales es como un médico sin título: un riesgo para todos. ¿Actuará la Cámara Alta o quedará como otro escándalo más?
