En un giro digno de una telenovela de bajo presupuesto, la ONG Cristosal destapó que el sistema judicial guatemalteco se ha convertido en una máquina de «criminalizar» a líderes sociales, activistas anticorrupción y periodistas. Bajo el mando de Consuelo Porras, sancionada por EE. UU. y la UE por ser considerada un imán de corrupción, casi un centenar de valientes han sido perseguidos en los últimos cinco años.
Cristosal denuncia un show de terror que empieza con campañas de desprestigio y acoso digital, cortesía de trolls anónimos en X y la ultraderechista Fundación Contra el Terrorismo, que parece ser el fan club oficial de Porras. Luego, el drama sube de nivel con denuncias penales sin sustento, pruebas que parecen sacadas de un mal guion de Hollywood y procesos judiciales más manipulados que un reality show. Todo esto, según la ONG, es una estrategia para aislar y callar a quienes luchan por la justicia.
El acoso se intensificó bajo los gobiernos de Jimmy Morales, quien nombró a Porras en 2018, y Alejandro Giammattei, que renovó su pase VIP en 2022. Cristosal, junto a siete organizaciones y grupos indígenas, lanzó la Plataforma Guatemala contra la Persecución Política para apoyar a los exiliados y documentar este circo. La CIDH había puesto a Guatemala en su lista negra de derechos humanos en 2022, junto a países como Cuba y Venezuela, aunque salió en mayo gracias a la apertura de Bernardo Arévalo, presidente desde enero de 2024.
Mientras tanto, Porras insiste que «la ley es para todos», una frase que suena tan convincente como un vendedor de cremas milagrosas. ¿Justicia o venganza? En este guion, los héroes son los villanos y los corruptos, los intocables.
