¡Golpe duro a la extorsión! Las Comisiones Unidas de Justicia y Estudios Legislativos del Senado aprobaron con 33 votos a favor un dictamen que modifica el proyecto de la Cámara de Diputados sobre combate a la extorsión. La nueva propuesta eleva las penas de prisión de un rango de 6-15 años a un mínimo de 15 y un máximo de 25 años, según informó la Cámara Alta.
El cambio se centra en el primer artículo de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión. Los senadores argumentaron que las penas originales podrían beneficiar a condenados actuales. Javier Corral Jurado, presidente de la Comisión de Justicia, elogió el “excepcional” trabajo de San Lázaro, destacando que la reforma responde a una demanda nacional frente a una conducta “deleznable” que ahora será delictiva.
Entre las novedades, se obliga a las autoridades a actuar respetando los derechos humanos, un punto ausente antes. También se crearán unidades especializadas en extorsión en fiscalías federales y locales, con personal capacitado; mientras tanto, las áreas antisecuestro asumirán las investigaciones. Servidores públicos o autoridades penitenciarias que faciliten este delito enfrentarán 15-25 años de prisión, más 3-5 años adicionales.
La introducción no autorizada de dispositivos electrónicos en centros penitenciarios, como teléfonos o aparatos de transmisión, será castigada con 6-12 años de cárcel. Además, los recursos obtenidos por decomiso o extinción de dominio se destinarán prioritariamente a restituir derechos de las víctimas.
Esta reforma busca cerrar brechas y endurecer el castigo a extorsionadores. ¿Será suficiente para frenar este delito que azota a tantos? Esto está más firme que un candado en puerta de banco.
