En un giro que parece sacado de una comedia de enredos, una jueza federal de EE. UU., Cameron Currie, desestimó los casos penales contra James Comey, exdirector del FBI, y Letitia James, fiscal general de Nueva York. ¿La razón? La fiscal designada por Trump, Lindsey Halligan, fue nombrada con menos legalidad que un matrimonio en Las Vegas.
Comey, de 64 años, fue acusado de mentir al Congreso, mientras que James, de 67, enfrentaba cargos de fraude bancario. Ambos casos olían a vendetta personal de Trump, quien parece tener una lista de enemigos más larga que la cola de un cine en estreno de Marvel. Halligan, exabogada personal del expresidente, fue puesta en el cargo tras la renuncia de Erik Siebert, quien aparentemente dijo “no hay pruebas, me largo”. Pero Currie no se tragó el drama: dictaminó que Halligan no tenía autoridad legal, como un guardia de seguridad jugando a ser juez.
El fallo deja la puerta abierta para nuevos cargos, aunque el tiempo de prescripción de Comey podría haber expirado, lo que es como llegar tarde a un buffet y encontrar solo las migajas. Mientras tanto, Trump sigue en modo vengador, purgando funcionarios desleales y retirando fondos a universidades, como un villano de película que no sabe cuándo parar.
Esto nos recuerda que el Departamento de Justicia debería ser más independiente que un gato en una casa llena de perros. ¿Será este el fin de las cruzadas legales de Trump o solo un episodio más en su telenovela política? Algo nos dice que el próximo capítulo será igual de absurdo.
