“En Puebla estamos enfrentando al cártel de las concesiones, una bomba de tiempo dejada por gobiernos de derecha”, acusó el coordinador de Gabinete, José Luis García Parra, al destapar que desde 2013 se encubrieron deudas millonarias bajo el disfraz de “modelos de inversión” para despojar al estado de manera legal.
Durante la conferencia matutina, el funcionario señaló que la administración actual de Alejandro Armenta recibió contratos desfavorables que continúan afectando gravemente las finanzas públicas, poniendo en riesgo el porvenir de varias generaciones de poblanos.
El ejemplo más grave es el de RUTA: todavía restan 29 años de concesión a manos privadas, y cancelarla implicaría un costo superior a los 22 mil millones de pesos, una cantidad que podría destinarse a modernizar por completo el transporte público estatal.
Más preocupante aún, el servicio de agua potable permanece bajo control privado, y recuperarlo representaría un desembolso adicional de 7 mil millones de pesos, mientras que el Congreso ha perdido su capacidad para determinar las tarifas.
“Ya se han desembolsado más de 4 mil millones por este sistema de pillaje, pero vamos a detenerlo”, afirmó García Parra, subrayando que el gobierno de la Cuarta Transformación en Puebla no tolerará que continúe el robo descarado del patrimonio de las y los poblanos.