¡Esto no es un shot de tequila, es un trago amargo! La detención de Diego Rivera Navarro, alcalde de Tequila, Jalisco, ha destapado una olla de grillos que salpica a más funcionarios. Según la columna “Bajo Reserva” de El Universal, otro edil del Partido del Trabajo, en el noroeste del país, podría ser el próximo en caer bajo el radar de la justicia federal por supuestos lazos con el crimen organizado.
Diego, acusado de convertir su alcaldía en un negocio de extorsiones y secuestros con presunta protección del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), es el centro de un expediente de la FGR que parece guion de thriller. Testimonios recopilados por Latinus revelan un modus operandi de película de terror: policías como cobradores, visitas oficiales que acababan en amenazas y decisiones de gobierno usadas como garrote. Un comerciante denunció que Diego y su séquito irrumpieron en su negocio exigiendo pagos semanales a punta de pistola. Si no pagaba, adiós libertad.
Otros relatos son igual de escalofriantes. Dos excandidatos de Morena en 2021 contaron cómo fueron levantados, encapuchados y obligados a renunciar a sus candidaturas bajo amenazas de muerte, señalando al alcalde como el cerebro. Un artesano afirmó que, tras clausurar su local, le pidieron 50 mil pesos para reabrir y cuotas de 20 mil al mes. ¿No pagas? Golpes y destrozos.
Mientras, la alcaldesa de La Paz, Milena Quiroga Romero, aplaudió la “Operación Enjambre” que atrapó a Diego y otros. Pero, ojo, el columnista sugiere que pronto podría ver la justicia llegar a su vecindario. ¿Quién será el próximo? Esto parece una telenovela donde el cliffhanger es un operativo federal.
