Amnistía Internacional emitió un fuerte rechazo a la impunidad que persiste en relación con los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen chino en la región de Xinjiang, según un informe publicado el jueves 28 de agosto de 2025. La organización de derechos humanos destacó que miles de personas, principalmente de etnias uigur y otras minorías musulmanas, han sufrido detenciones arbitrarias, torturas y trabajos forzados en campos de internamiento, sin que se haya avanzado en procesos de justicia internacional. De acuerdo con el documento de Amnistía, estos actos incluyen vigilancia masiva, esterilizaciones forzadas y separación de familias, clasificados como crímenes sistemáticos que violan tratados globales como la Convención contra la Tortura.
El informe recopila testimonios de sobrevivientes y evidencias satelitales que muestran la expansión de instalaciones de detención desde 2017, con estimaciones de más de un millón de afectados. No se reportan avances en investigaciones independientes, y la organización acusa a Pekín de obstruir accesos a observadores externos, lo que perpetúa la falta de accountability. Una portavoz de Amnistía Internacional declaró que esta impunidad envía un mensaje peligroso a regímenes autoritarios en todo el mundo.
«Es inaceptable que estos abusos queden sin castigo, y urgimos a la comunidad internacional a presionar por mecanismos de rendición de cuentas, como tribunales especiales», afirmó la representante, enfatizando que la inacción socava el derecho internacional y permite la continuación de violaciones. El informe insta a países aliados a imponer sanciones específicas contra funcionarios chinos implicados y a boicotear productos derivados de trabajo forzado en la región. El gobierno chino respondió negando las acusaciones, describiéndolas como «difamaciones infundadas» motivadas por prejuicios occidentales.
Un comunicado oficial de Pekín afirmó que las medidas en Xinjiang son parte de esfuerzos antiterroristas y de desarrollo económico, rechazando cualquier noción de crímenes de lesa humanidad y acusando a Amnistía de interferencia en asuntos internos. Fuentes diplomáticas indican que China ha intensificado campañas de propaganda para contrarrestar estos reportes, incluyendo visitas controladas a la región para delegaciones selectas. Organizaciones como Human Rights Watch han respaldado el repudio de Amnistía, señalando similitudes con patrones de represión en otras áreas bajo control chino.
En un contexto global, el informe se alinea con resoluciones de la ONU que han condenado las prácticas en Xinjiang, aunque vetos en el Consejo de Seguridad han impedido acciones más firmes. Analistas sugieren que la impunidad podría alentar abusos similares en otras naciones, y llaman a una coalición internacional para recopilar pruebas y apoyar a víctimas. Este pronunciamiento de Amnistía se enmarca en una serie de publicaciones sobre derechos humanos en China, con énfasis en la necesidad de transparencia y justicia para las minorías afectadas.
La organización ha anunciado planes para campañas de sensibilización y litigios en foros internacionales, mientras continúa monitoreando la situación en Xinjiang. Las autoridades chinas han reiterado su posición de no tolerar críticas externas, y se espera que el debate persista en asambleas globales en los meses venideros.