El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció este martes que las autoridades han retomado el control de las cárceles tras una semana bajo estado de sitio, decretado el 18 de enero en respuesta a ataques de pandillas que dejaron diez policías muertos. La medida llegó tras una ola de atentados de Barrio 18, en represalia por la recuperación de tres prisiones dominadas por convictos de esa banda.
“El crimen organizado ya no gobierna en las cárceles de Guatemala, ahora gobierna la ley”, afirmó Arévalo en rueda de prensa, destacando el balance de los operativos. Unas mil personas, incluyendo decenas de presuntos pandilleros, fueron detenidas, según el Ministerio del Interior. El mandatario subrayó que se está terminando “con el poder de mando que ejercían los criminales desde las cárceles” y se rompió “el vínculo entre las prisiones y las calles”. Barrio 18 y Mara Salvatrucha, consideradas terroristas por Guatemala y EE. UU., han controlado históricamente los penales, ordenando desde ahí asesinatos, extorsiones y tráfico de drogas.
Sin embargo, no todos compran la victoria. El exfiscal antipandillas Juan Francisco Solórzano dudó que el control se haya logrado tan rápido. “Ningún gobierno lo ha conseguido. Ojalá ahora sí”, dijo, con más escepticismo que un crítico de cine ante un remake. Arévalo también señaló una “maquinaria perversa” de poderosos intereses detrás de la crisis, apuntando a la fiscal general Consuelo Porras, a quien acusa de un “pacto político-criminal” para desestabilizarlo, algo que ella niega. Porras, sancionada por EE. UU. y la UE por corrupción, enfrenta un cambio de mando este año junto a la Corte de Constitucionalidad.
¿Es esto el fin del reinado pandillero o solo un capítulo más en el culebrón guatemalteco? Esto está más enredado que un nudo marinero.
