El ente de fiscalización identificó irregularidades en acuerdos relacionados con seguridad, aseo, conservación y servicios tecnológicos del desaparecido Consejo de la Judicatura Federal.
En el análisis de la Cuenta Pública 2024, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) descubrió posibles perjuicios al erario por un monto de 272.4 millones de pesos en el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), en la etapa en que estaba liderado por Norma Lucía Piña Hernández, quien fungía como presidenta del Poder Judicial Federal.
El reporte especifica que las anomalías se centraron en servicios de protección, conservación, higiene y asistencia tecnológica, con desembolsos que carecen de respaldo documental.
Entre las observaciones, la ASF destacó 201 millones de pesos sin justificar en contratos relacionados con impresión, digitalización, asistencia técnica, reparación de equipos y servicios de conectividad, así como 49.4 millones en contratos de limpieza, alquiler y mantenimiento de propiedades.
Asimismo, se identificaron desembolsos por 21 millones de pesos a compañías de seguridad y vigilancia sin pruebas de que el servicio fuera prestado en 14 sedes del CJF, localizadas en lugares como Morelia, Cuernavaca, Monterrey, Oaxaca y Hermosillo, entre otros.
El organismo auditor también apuntó ausencia de documentación en servicios de comedor institucional, con cantidades pendientes de aclaración por casi 432 mil pesos, debido a la falta de registros, bitácoras, listas de empleados y comprobantes de insumos.
La ASF determinó que estas fallas comprometen los principios de transparencia y rendición de cuentas, al no asegurarse un manejo correcto de los fondos públicos.
Norma Piña estuvo al frente del Poder Judicial Federal desde enero de 2023 hasta agosto de 2025, tiempo durante el cual el CJF fue eliminado en el marco de la reforma judicial, pasando sus responsabilidades al Tribunal de Disciplina Judicial.
