Las comisiones de Justicia, de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores dieron su aprobación, con 32 votos a favor y 12 en contra provenientes de los senadores del PAN, PRI y MC, a un decreto que modifica la Ley de Amparo, el Código Fiscal de la Federación y la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Este proyecto fue enviado a la Mesa Directiva para que se programe su discusión y votación en el pleno durante la sesión ordinaria de hoy. Los legisladores de oposición, integrados por panistas, priistas y emecistas, rechazaron las reformas impulsadas por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, argumentando que atentan contra la esencia del amparo.
Según lo estipulado en el decreto, las modificaciones buscan robustecer, actualizar y alinear el marco legal del juicio de amparo, así como los instrumentos de defensa en temas fiscales y administrativos. El objetivo es asegurar un acceso a la justicia que sea efectivo, rápido, transparente y con un enfoque humano, en sintonía con los principios constitucionales, los estándares internacionales de derechos humanos y los ideales de la Cuarta Transformación del Estado mexicano. “La propuesta atiende una necesidad dual: perfeccionar el amparo como herramienta esencial para proteger derechos fundamentales ante actos de autoridad y, al mismo tiempo, prevenir el uso indebido o procrastinador de recursos judiciales y administrativos en el ámbito fiscal, que dificultan la recaudación de créditos firmes y perjudican el interés social y el orden público”, se indica.
El documento señala que esta reforma se enmarca en un proceso de cambio dentro del Poder Judicial mexicano, tras la reciente reforma constitucional que estableció la elección popular de juzgadores. “Este cambio obliga a ajustar los mecanismos de protección constitucional, especialmente el juicio de amparo, para adaptarlos al nuevo esquema de justicia”, se detalla. A pesar de los progresos, se reconocen limitaciones en la práctica judicial, como: “La ambigüedad en la figura del interés legítimo, que complica su aplicación homogénea; el uso táctico de la suspensión del acto reclamado para perpetuar ilícitos o frenar políticas públicas; las prácticas dilatorias derivadas de la ampliación de demandas; y la falta de normas claras para ejecutar sentencias en casos de imposibilidad material o jurídica”.
Asimismo, se destaca la ausencia de regulaciones coherentes sobre el juicio de amparo digital, a pesar de los avances tecnológicos implementados por el Poder Judicial de la Federación (PJF) en su operación. En el ámbito fiscal, se menciona que el empleo de recursos de defensa como la revocación o el juicio contencioso administrativo en relación con créditos firmes ha ocasionado retrasos en la recaudación y un uso poco eficiente de los recursos disponibles.
