Este jueves, el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla presentó al Congreso del Estado una propuesta de modificación a la Constitución en el ámbito ambiental, la cual eleva al Guardián Forestal a un mecanismo de nivel superior y compromete a todas las administraciones venideras a conservarlo como una directriz estatal destinada a salvaguardar los recursos naturales.
Gracias a esta iniciativa, Michoacán pasaría a ser la primera demarcación nacional en demandar un dictamen ambiental certificado para toda transacción inmobiliaria —como adquisición, enajenación, donación, préstamo o regularización— referida a terrenos rurales, rústicos y agropecuarios, enlazando de manera directa el Registro Público de la Propiedad con el esquema del Guardián Forestal.
“Quien compre un terreno sabrá exactamente la carga ambiental que trae: si está en zona protegida, si tiene cambio ilegal de uso de suelo o si está afectada por tala clandestina”, resaltó el mandatario, al destacar que esta acción impactará directamente a las organizaciones delictivas inmobiliarias que por años han dividido y vendido de forma ilícita plantaciones y áreas boscosas.
Alejandro Méndez López, el secretario del Medio Ambiente, detalló que la reforma impone al Estado la responsabilidad de evitar, indagar, castigar y remediar los perjuicios ambientales, integra la compensación mandatoria por daños ecológicos y actualiza el manejo territorial a través de geoprocesamiento y examen de datos espaciales, asegurando datos públicos, transparentes y de disponibilidad general.
La propuesta, que fue aceptada por el diputado Abraham Espinoza Villa, integra el nuevo Plan Michoacán y aspira a ubicar al estado con la normativa ambiental más progresista de México.