Alfredo Ramírez Bedolla, el gobernador de Michoacán, presentó una propuesta en el Consejo Nacional de Seguridad Pública para extender la figura de identidad reservada aplicable a víctimas, denunciantes y testigos hasta el instante preciso del desahogo de la prueba durante el juicio oral, con la finalidad de enfrentar la impunidad originada por las amenazas y represalias provenientes de la delincuencia organizada.
En el transcurso de la sesión que fue presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum, Bedolla expuso que la divulgación prematura de los datos de las personas bajo protección ha causado homicidios, secuestros y desapariciones que acaban por debilitar la acusación y producir insuficiencia probatoria.
El mandatario michoacano pidió modificar el artículo 220 del Código Nacional de Procedimientos Penales con el fin de que el anonimato se pueda conservar hasta el término del desahogo de la prueba, acción que, según indicó, facilitaría al Ministerio Público lograr un mayor número de sentencias condenatorias, en particular en delitos como la extorsión.
