¡Un grito de auxilio que no encuentra eco! Jael Jacobo, del colectivo “Buscadoras del Sur” en Morelos, denunció que su hermano, Pablo Cristian Capistrán, fue reclutado a la fuerza por el crimen organizado hace cuatro años en Zacatepec. Desde 2022, su paradero era un misterio, hasta que en agosto de 2025 comenzó a llamar a su familia, relatando un cautiverio de pesadilla y suplicando ayuda. La última comunicación fue en septiembre de 2025, y desde entonces, silencio absoluto.
Jacobo reveló que Pablo describió condiciones inhumanas bajo el control de un grupo criminal, pero lo que más le quema el alma es la aparente apatía de las autoridades. A pesar de tener datos como números telefónicos y pistas aproximadas, ni la Fiscalía de Morelos ni la Fiscalía General de la República han movido un dedo para geolocalizar las llamadas o avanzar en las carpetas de investigación abiertas. Es como si estuvieran buscando una aguja en un pajar… sin siquiera agarrar una linterna.
Colectivos de buscadores y defensores de derechos humanos respaldan a Jacobo, señalando que el reclutamiento forzado es una epidemia silenciosa en México. Jóvenes vulnerables, atrapados por la pobreza y la violencia estructural, caen en redes criminales que los explotan sin piedad. Este no es un caso aislado; es un reflejo de un país donde la falta de oportunidades convierte a muchos en presa fácil de los cárteles.
La lucha de Jael pone el dedo en la llaga: la inacción institucional no solo prolonga la agonía de familias, sino que deja crecer un monstruo de impunidad. ¿Cuántos más como Pablo esperan ser escuchados? Mientras las autoridades se rascan la cabeza, las buscadoras como Jael siguen siendo la única esperanza en este laberinto de desapariciones.
