Una red dedicada al contrabando de combustible en las aduanas mexicanas, integrada por marinos, funcionarios civiles y empresarios, y operativa al menos desde 2024, ha captado la atención pública y ha generado interrogantes sobre la participación de la Secretaría de Marina en roles civiles. Liderada por los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías Laguna, militares de alto rango y parientes políticos de José Rafael Ojeda Durán, secretario de Marina en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), esta red abarca crimen organizado, aduanas, personal militar y bolsas negras repletas de dinero en efectivo.
Las revelaciones más recientes involucran órdenes de aprehensión contra adicionales empresarios relacionados con la compañía Mefra Fletes, especializada en transporte y comercialización de combustible. El impacto inicial contra esta conspiración delictiva se dio a conocer el domingo, con la captura de 14 participantes. La Fiscalía General de la República también ha emitido una orden de captura contra ocho individuos más por su rol en el contrabando de hidrocarburos procedentes de Estados Unidos y en la venta de combustible sustraído mediante el huachicol tradicional de perforar ductos de Pemex.
Héctor Portales Ávila, Anuar González Hemadi y José N, tres empresarios de Mefra Fletes, ya se encuentran bajo custodia de las autoridades. Fueron arrestados el domingo, al igual que seis militares y cinco funcionarios de aduanas, por formar parte del esquema criminal de los Farías Laguna. Entre los cinco nombres adicionales, sobresalen Roberto Blanco Cantú, considerado el propietario real de Mefra Fletes, cuyo hermano Rigoberto tiene conexiones con grupos de crimen organizado según el Departamento de Justicia de Estados Unidos; así como José René Tijerina y José Isabel Murguía Santiago, accionistas de la empresa. El hermano de este último es José Ascensión Murguía Santiago, presidente municipal de Teuchitlán, Jalisco, imputado por delincuencia organizada y desaparición forzada vinculada al rancho Izaguirre.
Los camiones cisterna de esa firma se encargaron principalmente de mover los 10 millones de litros que transportaba el buque Challenge Procyon desde el puerto de Tampico hacia un terreno en la cercana Altamira en marzo de 2025. En ese sitio, las autoridades examinaron la carga del barco cisterna y hallaron que, en vez de aditivos para aceites lubricantes, contenía diésel, lo que motivó el decomiso del combustible y el armado del caso.
Además de los hermanos Farías Laguna, figura como militar central Miguel Ángel Solano Ruíz, conocido como Capitán Sol, marino retirado con rango de capitán de corbeta que, de acuerdo con medios que accedieron a la carpeta de investigación, llevaba un estilo de vida ostentoso. En cinco años, destinó 60 millones de pesos, equivalentes a unos tres millones de dólares, en casinos e hipódromos. El testigo principal en la acusación es otro capitán, bautizado como Santo por la Fiscalía. En agosto de 2022, Santo asumió como director de la Aduana de Altamira después de una conversación sobre el puesto con Solano Ruíz.
Alrededor de esas fechas, columnas periodísticas acusaron a los hermanos Farías Laguna de influir en las asignaciones de marinos para posicionar a personas de confianza en puestos estratégicos de aduanas y facilitar su red de contrabando. En sus primeros meses en el cargo, Santo obtuvo un sobre con dinero enviado por Capitán Sol, quien en una llamada le describió un nuevo proyecto para Los Primos —el sobrenombre de los Farías Laguna dentro de la Marina— que demandaba su cooperación. Según la declaración del testigo, el plan consistía en autorizar la descarga de buques con hidrocarburos, aunque oficialmente transportaran otra carga.
El primer buque arribó en abril de 2024. El testigo indica que se manipularon los exámenes de laboratorio. Inquieto, consultó a Capitán Sol, quien le dijo: “usted tranquilo, a nivel central hay conocimiento de esto, aquí hay mucha gente metida”. Poco después, tras una llamada, se reunió con un individuo llamado Osvaldo en una plaza comercial, recibiendo una bolsa negra con 1.75 millones de pesos, más de 80.000 dólares, que distribuyó entre los involucrados. Este procedimiento se replicó con 14 buques hasta enero de 2025, cuando Santo fue removido del cargo.
Capitán Sol le solicitó designar a alguien de confianza, optando por el capitán Carlos Estudillo Villalobos, uno de los capturados el domingo anterior. Durante esos meses, el contraalmirante Fernando Rubén Guerrero Aguilar, viejo compadre de Capitán Sol, remitió una carta al almirante Rafael Ojeda Durán, tío de los Farías Laguna y secretario de Marina en ese momento, en la que delataba a sus sobrinos. Guerrero Aguilar resultó asesinado en noviembre, aparentemente por represalia, al igual que una empleada de la Fiscalía días más tarde. A estas muertes se añade el suicidio esta semana de otro marino, indicado por Santo como beneficiario de un soborno.
Durante 2024, Ojeda Durán presuntamente se acercó a la Fiscalía para demandar una indagatoria sobre corrupción en las aduanas. Esto lo han reiterado la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y otras autoridades al referirse a la detención de sus sobrinos, aunque admiten que la investigación completa deriva del decomiso del buque Challenge Procyon en marzo de 2025. Inmediatamente después de esa acción, el testigo protegido fue convocado a testificar por la Unidad de Inteligencia Militar de la Marina. No se ha filtrado su declaración, pero se sabe que intentó escapar con 11 millones de pesos, cerca de 550.000 dólares. En el trayecto, una llamada de su familia, alarmada por un aviso de secuestro, lo aterrorizó y lo llevó a declarar contra los hermanos Farías Laguna, ganándose así su irónico alias.
