La Secretaría de Economía anunció el 30 de marzo, mediante el comunicado 25, que el tribunal del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) rechazó todas las reclamaciones de Espíritu Santo Holdings, LP y L1bre Holding, LLC contra México. La decisión, emitida el 26 de marzo, determinó que las autoridades de la Ciudad de México no incurrieron en incumplimientos internacionales y que las empresas deberán cubrir los gastos del arbitraje a favor del Estado mexicano.
El CIADI concluyó que no hubo pruebas de que México destruyera la inversión de las demandantes en un proyecto de taxímetros digitales en la CDMX entre 2016 y 2018. “El fracaso fue resultado de sus propias acciones”, señaló el tribunal. Las empresas exigían más de 2,100 millones de dólares por supuesta apropiación indebida de tecnología, bajo el amparo del TLCAN. La Secretaría de Economía, junto con firmas legales y el Gobierno de la CDMX, defendió el caso iniciado en 2020.
En otro tema, un panel del T-MEC resolvió el 25 de marzo que la mina Camino Rojo de Orla Mining en Zacatecas violó derechos laborales al interferir en la libertad sindical y no remediar la situación. La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. reportó prácticas de coacción y discriminación, marcando un precedente en el sector minero mexicano.
¿Será esta victoria en el CIADI un escudo contra futuras demandas o solo un respiro temporal? Y en Zacatecas, ¿logrará Orla Mining corregir el rumbo laboral? Por ahora, México gana una batalla legal, pero las tensiones laborales siguen al rojo vivo.
