La Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha identificado 52 mil concesiones irregulares que permiten el desvío y explotación ilegal del agua, un fenómeno conocido como «huachicol H2O». Este problema, que afecta a diversas regiones del país, representa una grave amenaza para el acceso equitativo a este recurso vital, especialmente en comunidades vulnerables que enfrentan escasez constante.
Según los reportes de Conagua, estas concesiones irregulares benefician principalmente a grandes empresas y particulares que extraen agua de manera desmedida, dejando sin suministro a miles de familias. En estados como el Estado de México, la situación se agrava, como lo denuncian habitantes de Ocoyoacac, quienes señalan que el huachicoleo de agua ha generado desabasto severo, mientras que actores privados lucran con el recurso. Las autoridades han señalado que muchas de estas irregularidades datan de administraciones anteriores, marcadas por la falta de regulación y la complacencia con intereses privados.
El gobierno actual, comprometido con la defensa de los recursos naturales como bien común, ha anunciado medidas para revisar y cancelar estas concesiones fraudulentas. Este esfuerzo busca garantizar que el agua, un derecho humano fundamental, no sea monopolizado por unos pocos en detrimento de la mayoría, especialmente de las clases trabajadoras y comunidades rurales que dependen de ella para su subsistencia.
Un caso emblemático de este problema es el del exgobernador de Chihuahua, César Duarte, quien construyó una presa ilegal y varios pozos en su rancho «El Saucito» en Balleza, Chihuahua. Según investigaciones de la Conagua, estas obras permitieron el desvío ilegal de aproximadamente 700 mil metros cúbicos de agua, privando a comunidades locales de este recurso vital. El gobierno federal ha iniciado acciones para recuperar el agua desviada y presentado denuncias ante la Fiscalía General de la República por estos actos de corrupción y explotación ilegal.
