¡Tensión en el Congreso de la CDMX! Un intenso debate se desató tras la proposición de investigar a Alejandro Moreno Cárdenas y a la dirigencia del PRI, tanto nacional como estatal, por su presunta implicación en los hechos violentos durante la marcha del 15 de noviembre, así como por posibles vínculos con grupos porriles y la organización delictiva “los 300”. La solicitud, dirigida a la Fiscalía General de la República (FGR), fue presentada ante el pleno, señalando que la movilización, convocada por influencers y colectivos de la “Generación Z”, fue infiltrada por grupos de choque para provocar violencia y desestabilización.
El diputado Paulo Emilio García González (Morena) afirmó que la política debe ser un espacio de diálogo, acusando al PRI de un “modus operandi” para financiar actos violentos, pagando 10 mil pesos por persona a un centenar de porros para agredir a policías y participantes. Insistió en proteger los espacios democráticos de intereses externos a la protesta legítima y en esclarecer el financiamiento y logística detrás de los hechos.
Tania Nanette Larios Pérez (PRI) rechazó las acusaciones, argumentando que se basan solo en una nota de 2018 del diario Regeneración Nacional, y criticó a Morena por actuar como una comisión especial inexistente. Raúl de Jesús Torres Guerrero (PAN) señaló que el “bloque negro” tiene raíces en el gobierno actual, atribuyendo la inseguridad a la administración en funciones. Juan Estuardo Rubio Gualito (PVEM) recordó que históricamente el partido hegemónico mantenía vínculos con grupos porriles para frenar protestas legítimas.
¿Avanzará esta investigación o quedará en acusaciones políticas? Esto pinta como un debate que refleja profundas divisiones y la urgencia de esclarecer la violencia en manifestaciones.
