En noviembre de 2024, el contralmirante Fernando Rubén Guerrero Alcántar manejaba su camioneta roja por el centro de Manzanillo, ubicado en el estado de Colima. Dos sicarios en una moto lo detuvieron en una avenida y descargaron sus armas contra él, causándole la muerte. Inicialmente, se pensó que el homicidio del funcionario de la Secretaría de Marina estaba ligado a varios decomisos de precursores para drogas sintéticas en el puerto de esa ciudad, que sirve como principal punto de entrada y salida para el comercio con China.
Este domingo, el diario Reforma, basándose en fuentes de la Fiscalía General de la República, indicó que el motivo real fue una denuncia que Guerrero Alcántar presentó ante el entonces titular de la Marina, el almirante Rafael Ojeda Durán, sobre una red de corrupción en las aduanas dirigida por sus sobrinos políticos, los hermanos Farías Laguna. Esta misma red fue desarticulada este fin de semana con la captura de 14 individuos vinculados al contrabando de combustible. Entre los detenidos, el más destacado es el vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, aunque el secretario de Seguridad Omar García Harfuch precisó en una rueda de prensa este domingo que los arrestados incluyen seis marinos, tres empresarios y cinco exfuncionarios de aduanas.
Las autoridades han anunciado que se producirán más detenciones y que algunos implicados se encuentran fugitivos. Se presume que esto alude a Fernando Farías Laguna, hermano del vicealmirante y también marino de alto rango. Las acusaciones públicas contra los Farías Laguna como líderes de un grupo criminal dentro de la Marina, amparados por su proximidad con el almirante Ojeda Durán, datan al menos de noviembre de 2022. Diversas notas periodísticas los describían como responsables de las decisiones sobre el uso del presupuesto, además de intervenir en ascensos, promociones, agregadurías y comisiones.
García Harfuch ha respaldado a la Secretaría de Marina como institución y al almirante Ojeda Durán de manera personal, empleando un argumento comparable al de que unas pocas manzanas podridas no arruinan todo el cesto. De igual forma, el fiscal general de la república, Alejandro Gertz Manero, extendió un respaldo al almirante, afirmando que hace dos años se aproximó a ellos para solicitar una investigación sobre ciertos marinos en posiciones aduaneras. Esta fue una de las numerosas instituciones militarizadas durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, justificado por la noción, aparentemente equivocada, de que las Fuerzas Armadas son incorruptibles.
A mediados de junio, el contralmirante Guerrero Alcántar elaboró una carta dirigida a Ojeda Durán, quien fungió como secretario de la Marina de 2018 a 2024, cubriendo todo el periodo de López Obrador. De acuerdo con Reforma, que accedió a los documentos de la indagatoria, en esa misiva denunciaba a Farías Laguna, sobrino político de Ojeda, por manipular las asignaciones de marinos para colocar a personas de su confianza en puestos clave de aduanas, facilitando así su red de contrabando. Guerrero Alcántar se reunió con el almirante Raymundo Morales, sucesor de Ojeda, el 10 de octubre. Posteriormente, partió de vacaciones, informando a la Marina sobre su ubicación exacta en Manzanillo y Mazatlán durante esos días.
La indagatoria plantea la hipótesis de que los perpetradores materiales podrían ser miembros de la Secretaría y que el asesinato, ejecutado con el mismo método y armas, de Magaly Nava Ramos, empleada de la Fiscalía General en Colima, guarda conexión. En la conferencia de prensa, García Harfuch detalló que la investigación reveló extensiones de esta red de contrabando de combustible en Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz y Ciudad de México. Aunque Gertz Manero señaló que el proceso investigativo inició hace dos años, el fiscal admitió que derivó de dos casos particulares: el del barco Challenge Procyan en Tamaulipas y el de un predio en Ensenada, Baja California, que llevaron a la detención de Farías Laguna y sus asociados.
Esas dos representaron las mayores incautaciones de combustible de contrabando, con 10 millones y ocho millones de litros, respectivamente. Conocido popularmente como huachicol fiscal, este delito implica la introducción de gasolinas y otros hidrocarburos al país mediante documentación aduanal falsa, evadiendo impuestos. El caso del Challenge Procyan ilustra perfectamente su funcionamiento. En marzo de este año, este buque cisterna arribó al puerto de Tampico, Tamaulipas. Según los documentos presentados, procedía de Texas con bodegas llenas de aceites lubricantes. Sin embargo, la información mostraba inconsistencias y, tras una inspección, se determinó que la carga era diésel, es decir, habían declarado un líquido no sujeto al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS).
A partir de este descubrimiento, las autoridades ejecutaron un cateo en un predio cercano a la ciudad de Altamira, donde decomisaron 10 millones de litros de diésel, 192 contenedores y 32 vehículos. Días después, tres funcionarios del puerto y de la Aduana de Tampico fueron removidos. Uno de ellos, Francisco Javier Antonio Martínez, resultó detenido en estos días. La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad expuso que era socio de los propietarios de Intanza, la empresa que importó el huachicol decomisado.
Hasta ahora, no se sabía que la incautación de ocho millones de litros en un predio en Ensenada, Baja California, en marzo pasado, estuviera ligada a esta red. Según reportes de las instituciones en ese momento, recibieron varias denuncias ciudadanas sobre un predio en la autopista que conecta Rosarito con Ensenada. Tras obtener una orden de cateo, ingresaron al sitio y decomisaron un centenar de contenedores con gasolina más 46 camiones cisterna. En total, calcularon casi ocho millones de litros de carburante. Según se reconoció en redes sociales, el terreno pertenece a Gerardo Novelo Osuna, antiguo senador por el partido Morena, quien lo tenía arrendado a un tercero.
Este 2025, el IEPS ha variado entre 5,4 y 7 pesos por litro, dependiendo del tipo de petrolífero. Esto implica que los 18 millones de litros decomisados representaron un perjuicio a las finanzas mexicanas de al menos 97 millones de pesos. Aunque parezca una suma considerable, resulta insignificante al considerar el panorama general: la consultora Petro Intelligence estimó que el daño al erario público por el contrabando de combustible asciende a 177.000 millones de pesos anuales.
