Un tribunal federal de apelaciones de Estados Unidos ha suspendido de manera temporal este jueves la orden judicial que desde hace dos semanas bloqueaba el ingreso de nuevos reclusos en el centro de detención para migrantes denominado ‘Alligator Alcatraz’ –debido a los caimanes presentes en la zona de los Everglades donde se ubica– y establecía un plazo de dos meses para el desmantelamiento de parte de su infraestructura.
El undécimo Tribunal del Circuito de Apelaciones ha aprobado las solicitudes presentadas por el estado de Florida y el Departamento de Seguridad Nacional con el objetivo de detener la orden cautelar emitida por la jueza Kathleen Williams, quien previamente había detenido temporalmente las obras de ampliación del centro a inicios de agosto.
«Tras una cuidadosa consideración, aceptamos las mociones de los demandados y suspendemos la medida cautelar y el caso subyacente en sí hasta que se resuelva la apelación», ha resuelto el tribunal integrado por tres jueces, de los cuales uno ha expresado disidencia, según ha reportado la cadena estadounidense CNN.
La opinión mayoritaria se basa en el razonamiento de que «la instalación es un lugar construido, dirigido, gestionado y financiado unilateralmente por un gobierno estatal» y no por el federal, razón por la cual no se somete a las obligaciones de la Ley Nacional de Política Ambiental, elemento central de la demanda interpuesta por grupos ambientalistas e indígenas en relación con las posibles repercusiones medioambientales de una construcción que se ha convertido en emblema de las políticas migratorias del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
La región de Everglades constituye un área abundante en humedales y con una notable presencia de especies animales como los caimanes que inspiran el nombre de las instalaciones, erigidas en torno a una pista de aterrizaje de entrenamiento para pilotos que ya está prácticamente en desuso y mide 3.400 metros, la cual forma parte de un enclave de 101 kilómetros cuadrados localizado a 70 kilómetros de Miami.
La resolución ha sido aplaudida en la red social X por el fiscal general del estado de Florida, quien la ha descrito como «una victoria para Florida y la agenda del presidente Trump» en oposición a la orden de la magistrada Williams, a la que ha calificado de «jueza activista».
