La Corte Suprema de Estados Unidos ha acordado este lunes analizar la constitucionalidad de una normativa que impide la posesión de armas a personas que consumen drogas ilegales de manera habitual, un asunto que genera gran controversia en la sociedad del país. A pesar de que la Administración Trump se presenta como una firme defensora de la Segunda Enmienda, que protege el derecho a portar armas, es precisamente esta administración la que ha pedido a los nueve magistrados del Tribunal, de mayoría conservadora, que ratifiquen dicha ley, previamente anulada por un tribunal de apelaciones.
Esta legislación también es relevante porque bajo sus disposiciones fue condenado Hunter Biden, hijo del expresidente demócrata Joe Biden, en junio de 2024, por posesión ilegal de armas de fuego. Hunter fue hallado culpable de haber proporcionado información falsa en los formularios para adquirir un arma en 2018, al negar su adicción a las drogas. En diciembre de 2024, Joe Biden otorgó un indulto a su hijo.
En el recurso presentado ante la Corte Suprema, el asesor jurídico del Gobierno, John Sauer, señaló que «las restricciones injustificadas al derecho a poseer y portar armas constituyen una seria amenaza a las libertades más valoradas por los estadounidenses». No obstante, añadió que existen situaciones excepcionales en las que el gobierno puede imponer límites legítimos a este derecho, y considera que la ley en cuestión encaja en esa categoría. Según Sauer, los consumidores habituales de drogas ilegales representan un riesgo particular para la sociedad, especialmente por la posibilidad de enfrentamientos armados y hostiles con las fuerzas del orden mientras están bajo los efectos de sustancias.
Este caso se suma a otro relacionado con el derecho a portar armas que también está en la agenda del Tribunal Supremo, el cual aborda la regulación del porte oculto de armas en «lugares sensibles» como playas, parques públicos o bares. Aunque aún no se ha establecido una fecha para los debates de ambos casos, la Corte debe emitir su fallo antes del cierre de su sesión anual, a finales de junio. Cabe recordar que en junio de 2022, la Corte Suprema reconoció el derecho de los ciudadanos a llevar armas fuera de sus domicilios, aclarando que solo aceptaría excepciones «razonables» a la Segunda Enmienda, particularmente en «lugares sensibles».
