El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, afirmó con firmeza que “unos pocos vándalos” no detendrán su labor por el país, tras el ataque sufrido por su convoy. Durante un evento en Cuenca, acompañado de escolares, el mandatario aseguró que este tipo de agresiones ya no serán toleradas y que se aplicará la ley sin excepciones. “Nos querían parar para que no estuviera presente en este evento con ustedes, intentaron agredirnos”, señaló Noboa, instando a los jóvenes a no seguir el mal ejemplo de quienes lo atacaron con piedras horas antes en la provincia de Cañar, según reportó Ecuavisa.
Las autoridades ecuatorianas detuvieron a cinco personas sospechosas de participar en el incidente ocurrido el martes, cuando el convoy presidencial fue recibido con pedradas. La ministra de Ambiente y Energía, Inés Manzano, mencionó también indicios de disparos. Los detenidos fueron trasladados a Cuenca, y el coordinador de la Federación de Organizaciones Indígenas y Campesinas del Azuay (FOA), Yaku Pérez, quien actúa como su abogado, negó que estuvieran involucrados en la agresión. “No participaron en actos de violencia ni en la protesta, solo hubo una confusión”, afirmó Pérez, criticando el uso excesivo de fuerza durante las detenciones, según informó *El Universo*. Este miércoles se les notificará formalmente de los cargos, que incluyen intento de asesinato contra el presidente, un delito que conlleva penas de entre diez y trece años de cárcel.
El ministro del Interior, John Reimberg, advirtió que quienes busquen “desestabilizar” el país enfrentarán todo el peso de la ley y serán procesados por terrorismo, sin importar su rol. Por su parte, la Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (CONAIE) acusó al Gobierno de haber cruzado intencionalmente una “zona de resistencia” para justificar represión contra colectivos indígenas, en medio de protestas por la eliminación del subsidio al diésel. La organización sugirió que el incidente podría ser un “acto de falsa bandera” para criminalizar al movimiento indígena y desviar la atención de la crisis social, política y económica que atraviesa el país.
Además, la CONAIE cuestionó cómo los servicios de seguridad no anticiparon un posible conflicto al pasar por una “zona de movilización” y exigió que se garantice la seguridad del presidente sin exponer a la población ni usar sus recorridos como provocación política. La agrupación rechazó las acusaciones de estar detrás de un supuesto intento de magnicidio, denunció abusos contra los detenidos y pidió su liberación. “Nuestras movilizaciones son legítimas, surgen del abandono estatal y la exclusión estructural. El movimiento indígena no es terrorista, es un movimiento histórico por la vida, la dignidad y los derechos de los pueblos”, afirmó en un comunicado.
