En un giro más dramático que telenovela de las 8, abogados y familiares de 37 presuntos narcos entregados a Estados Unidos el 20 de enero de 2026 han denunciado al Consejo Nacional de Seguridad ante la FGR por “traición a la patria” y “coalición de servidores públicos”. ¿Justicia o show político?
En conferencia en la CDMX, la abogada Yarey Sánchez Lagunas, defensora de miembros del CJNG y del Cártel de los Arellano Félix, acusó a las autoridades mexicanas de actuar fuera de la ley al extraditar sin órdenes judiciales ni permitir recursos legales. “¿Resultados políticos a costa del debido proceso?”, cuestionó. La denuncia señala que esta “entrega exprés” viola la Constitución al ser un “destierro” y pisotea acuerdos internacionales de derechos humanos.
Vanesa Guzmán, pareja de Juan Pedro Saldívar Farías, alias “Z-27” de Los Zetas, lamentó que su esposo, con 13 años preso y candidato a libertad condicional, no pudo despedirse de su madre enferma ni de sus hijos. “No sabemos nada de él, ni una llamada”, dijo. Sánchez también representa a Itiel Palacios García, “Compa Playa” del CJNG, y a Pablo Edwin Huerta Nuño, “El Flaquito”, del Arellano Félix, sumándolos a la acción legal.
Desde febrero de 2025, México ha enviado 92 detenidos a EE. UU. en tres entregas: 29 el 27 de febrero, 26 el 12 de agosto, y 37 en enero de 2026. El gobierno de Sheinbaum defiende la legalidad bajo la Ley de Seguridad Nacional, asegurando que no enfrentarán pena de muerte. ¿Cooperación bilateral o desalojo express? Esto apesta más a política que a justicia de barrio.
