En un golpe casi silencioso pero contundente, las autoridades mexicanas detuvieron a Julio César Mancera Dozal, alias “Tortuga”, miembro del Cártel de Sinaloa, en Hermosillo, Sonora. La captura, confirmada por la Fiscalía General de la República (FGR), también incluyó a Ernesto Enrique Cazares Ramos y Jorge Luis Manjarrez Rodríguez, procesados por delitos contra la salud y portación de arma de fuego. Aunque Mancera mantenía un perfil bajo, su reciente implicación en amenazas contra agentes de fuerzas del orden de Estados Unidos lo convirtió en prioridad máxima.
Sobrino de Guadalupe “Lupe” Tapia, lugarteniente de Ismael “El Mayo” Zambada, “Tortuga” operaba en una facción del cártel liderada por este último. Su error fatal fue romper una regla no escrita entre narcos: no meterse con autoridades gringas. Esto desató una cacería intensificada por parte del gobierno mexicano, que históricamente reacciona con firmeza ante amenazas a EE. UU. para evitar represalias, como tras los casos de Enrique “Kiki” Camarena (1985) y Jaime Zapata (2011).
La detención en Hermosillo, sin heridos, resultó en la incautación de dos armas cortas, 17 cartuchos, dos cargadores, 1,415 tabletas de fentanilo y 50.2 gramos de cocaína. Un juez dictó prisión preventiva y dos meses para investigación complementaria. En paralelo, en Chiapas, cinco individuos fueron vinculados por portación agravada de armas y cartuchos de uso militar.
La Guardia Nacional lideró la operación, y la FGR aportó pruebas para procesar a Mancera y sus cómplices. ¿Será esta captura un mensaje claro al cártel o solo un tropiezo menor? Mientras tanto, México reafirma su compromiso con EE. UU.: amenazar a sus agentes tiene un precio alto.
