La Cámara de Diputados dio su aprobación, con el respaldo mayoritario de todas las fracciones parlamentarias, a la creación de la Ley General de Economía Circular y a varias modificaciones legislativas destinadas a fijar directrices que promuevan el reciclaje, disminuyan los desechos y maximicen el uso de productos en todo el territorio nacional.
Con un total de 460 votos a favor, esta reforma fue turnada al Senado. La nueva normativa tiene como propósito definir lineamientos para la protección ambiental a través de estrategias que prolonguen la vida útil de los bienes y fomenten la recuperación, revalorización y reutilización de desechos, en un país donde se producen más de 127 mil toneladas de basura al día, de las cuales solo una fracción mínima se reintegra a procesos de producción.
La legislación determina que el Ejecutivo federal tendrá la obligación de implementar instrumentos económicos que impulsen la economía circular, mientras que los gobiernos de los estados y municipios deberán fomentar la participación de la ciudadanía y realizar campañas de sensibilización para incentivar prácticas de consumo responsable.
Los sectores industriales y productivos estarán compelidos a diseñar productos bajo principios de circularidad siempre que sea factible, además de adoptar políticas y criterios vinculados a este modelo de economía circular.
La ley establece un plazo de hasta cinco años, con posibilidad de extensión, para que los rellenos sanitarios autorizados comiencen una transformación gradual que reduzca la acumulación final de residuos y se alineen con el Modelo de Economía Circular Nacional.
Un aspecto relevante de la normativa es la incorporación de las personas dedicadas a la pepena, reconociendo su contribución social, económica y ambiental. La legislación introduce el concepto de “reciclaje inclusivo”, que implica la integración de estos trabajadores a esquemas formales dentro de la economía circular.
Entre las metas de esta propuesta se encuentra delimitar de manera precisa las responsabilidades de la Federación, los estados y los municipios, así como diseñar mecanismos viables tanto ambiental como económicamente para la circularidad de materiales y desechos. Asimismo, contempla beneficios fiscales para los procesos de producción basados en este enfoque y para la recolección de plásticos en áreas costeras y espacios públicos.
