Este lunes, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados iniciará la dictaminación de la Ley de Amparo, que busca incorporar cambios surgidos de las audiencias públicas realizadas durante el fin de semana, además de eliminar el artículo transitorio que permitía la retroactividad de las nuevas normas. El diputado Julio César Moreno Rivera, de Morena y presidente de dicha comisión, afirmó que no se optará por un proceso acelerado o “fast track” para aprobar esta reforma. Aseguró que se ha dado tiempo suficiente a los legisladores de todos los grupos parlamentarios para analizar la minuta y presentar sus propuestas este mismo día.
Moreno Rivera también mencionó que hay una notable “falta de información” sobre el tema, ya que “muchos creen que el amparo es una instancia o un juicio”. Criticó que existan amparos que se prolonguen por cinco, diez o más años sin resolverse, mientras persisten suspensiones provisionales y recursos interminables. Durante el fin de semana, expertos y representantes de entidades como la Barra Mexicana de Abogados y la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (Anade) participaron en audiencias públicas en la Cámara baja, expresando sus opiniones sobre la reforma presidencial al amparo.
Entre las preocupaciones destacadas se encuentran los posibles riesgos al juicio de amparo, la indefensión de los contribuyentes, la restricción en la protección de derechos y la limitación de la justicia para derechos colectivos. Arturo Guerrero Zazueta, director general de Derechos Humanos, Igualdad de Género y Asuntos Internacionales del Órgano de Administración Judicial, lamentó que la minuta intente corregir algo que no está dañado, al definir en la ley el concepto de interés legítimo, que no ha sido problemático. Según él, esto genera alarma.
Por su parte, Marco Antonio Rojo Olavarría, especialista en derecho de amparo, señaló que la reforma pretende limitar la legitimación de asociaciones civiles para presentar juicios de amparo por interés legítimo, a pesar de que el propósito de estas organizaciones es esencial para garantizar el respeto a los derechos humanos. Asimismo, Juan Pablo Gómez Fierro, abogado y exmagistrado del Décimo Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa, calificó la reforma como regresiva, al debilitar la suspensión en el amparo y afectar el Estado de derecho, la democracia y los derechos ciudadanos. “La suspensión es el corazón del juicio de amparo, y esta reforma busca debilitarla como herramienta para proteger los derechos de quienes sufren un acto de autoridad, mientras los jueces determinan si tienen razón o no”, advirtió.
Andrés Aguinaco Gómez Mont, de la Barra Mexicana de Abogados, alertó sobre posibles abusos de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) como consecuencia de esta reforma. Indicó que, aunque la UIF persigue operaciones con motivos válidos, también puede actuar sin contrapesos ni salvaguardas, afectando a diputados, opositores políticos, activistas y periodistas. “Hay casos en los que persigue a personas que tal vez no pueden justificar sus recursos, pero también abusa de su poder”, afirmó.
