El Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (Proagua) experimenta una disminución continua en su alcance y presenta un subejercicio notable de fondos, lo cual restringe el acceso a servicios esenciales en zonas rurales de la nación.
Según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Secretaría de Hacienda, durante 2024 se favorecieron 44,481 residentes mediante obras de agua potable, lo que representa una reducción de 34.9% en relación con 2018 y de 82.1% comparado con 2015, año en que abarcó a 247,998 individuos. En cuanto a alcantarillado, el programa asistió a 26,279 habitantes, con una disminución de 69.1% respecto a 2015, si bien mostró un aumento de 68.9% en comparación con 2018.
Los datos preliminares correspondientes a enero a junio de 2025 revelan que Proagua benefició a 37,486 personas con iniciativas de agua potable y solo a 11,772 con alcantarillado. La inversión federal ejecutada sumó 749 millones de pesos, de los que 228.2 millones se asignaron a entidades con pobreza extrema, favoreciendo a 11,736 residentes.
No obstante, el progreso en el desembolso ha sido restringido. De acuerdo con la Secretaría de Hacienda, hasta junio se habían erogado únicamente 32.5 millones de pesos de los 2,170 millones autorizados para el programa, lo que equivale a 1.5% del monto total.
Roberto Constantino, investigador de la Red de Agua de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM), alertó que este retraso evidencia un subejercicio alarmante:
“Hay disponibilidad de recursos, pero los proyectos nuevos no están llegando de forma suficiente. No sabemos si ya están comprometidos o simplemente no se recibieron propuestas técnicas”, indicó.
El experto recordó que el desempeño del programa depende de la habilidad de los gobiernos estatales y municipales para someter proyectos técnicamente factibles:
“Existe una corresponsabilidad de las administraciones locales. Si no hay propuestas sólidas, el programa no puede ejercer los recursos”, subrayó.
### Retos estructurales
La Ficha de Monitoreo y Evaluación (FMyE) preparada por el Coneval y la Unidad de Evaluación de Conagua entre 2020 y 2021 detectó diversas deficiencias en el programa:
– Alta rotación de personal en organismos operadores.
– Proyectos con bajo rigor técnico-financiero.
– Influencia de agendas políticas estatales en la priorización de obras.
Entre las sugerencias se incluyen fortalecer la capacitación técnica y financiera de los operadores, incorporar carteras de proyectos viables previo a cada ciclo presupuestario y definir criterios claros de priorización para atender inicialmente a las comunidades con mayores deficiencias.
