La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), dependiente del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, impuso sanciones a una agrupación establecida en Cancún, Quintana Roo, señalada por promover el tráfico de personas hacia suelo estadounidense. Esta medida se llevó a cabo en conjunto con entidades federales de Estados Unidos y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Según la OFAC, la denominadas “organización de tráfico de personas Bhardwaj” está liderada por Vikrant Bhardwaj, un individuo con nacionalidad indo-mexicana, acompañado de su esposa, dos colaboradores y 16 empresas implicadas en una estructura que habría trasladado de manera ilegal a miles de migrantes originarios de Europa, Oriente Medio, Sudamérica y Asia hacia territorio estadounidense.
El Departamento del Tesoro no aclaró si este caso se refiere específicamente a trata de personas o a contrabando de migrantes, pero destacó que los afectados provenían de naciones que Washington considera una “amenaza para la seguridad nacional”.
“El propósito de esta medida, en alianza con nuestras contrapartes en las fuerzas del orden, es frenar la capacidad de esta red para ingresar ilegalmente a inmigrantes a Estados Unidos”, afirmó John K. Hurley, subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro.
De acuerdo con las indagaciones, la operación de esta red se desarrollaba desde el Aeropuerto Internacional de Cancún, lugar donde los migrantes arribaban y eran hospedados en hoteles de la zona antes de ser movilizados hacia la frontera norte a través de un trayecto que abarcaba Tapachula, Cancún y Mexicali. La OFAC también señaló que miembros del Cártel de Sinaloa habrían proporcionado asistencia operativa a esta organización.
Además de Bhardwaj, las sanciones afectan a su esposa, Indu Rani, de igual nacionalidad indo-mexicana, quien es acusada de gestionar aspectos financieros y figurar como accionista en varias compañías ubicadas en India y México.
Entre los socios sancionados figuran José Germán Valadez Flores, identificado como empresario relacionado con actividades de narcotráfico, y Jorge Alejandro Mendoza Villegas, quien fue policía en Quintana Roo.
Esta operación fue gestionada por la OFAC en colaboración con Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), la Administración para el Control de Drogas (DEA) y la UIF de la Secretaría de Hacienda de México.
