El Departamento del Tesoro de EE. UU. acaba de ponerle un sello de “prohibido” a José Antonio Yépez Ortiz, alias “El Marro”, líder del Cártel de Santa Rosa de Lima (CSRL), por su papel en el robo y contrabando de combustible que sangra a Pemex y afecta intereses energéticos norteamericanos. Según el experto en seguridad David Saucedo, esto no solo marca un cambio de enfoque gringo hacia el huachicol como prioridad, sino que abre la puerta a una posible extradición del capo.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) señala que el CSRL usa desde perforaciones ilegales de ductos hasta complicidades dentro de Pemex para alimentar un mercado negro que cruza fronteras. En solo cuatro meses, la Red de Control de Delitos Financieros reportó operaciones sospechosas por 827 millones de dólares entre Texas, Florida y ciudades fronterizas. Saucedo explica que el huachicol ya es la segunda fuente de ingresos de muchos cárteles, dañando incluso a empresas de gasolina y gas de EE. UU.
Aunque “El Marro” purga 60 años en una prisión de alta seguridad en Durango por secuestro, con cargos pendientes por delincuencia organizada, sigue mandando desde su celda, aliándose con grupos como el Cártel del Golfo contra el CJNG. Saucedo critica la fragilidad penitenciaria mexicana, donde capos usan abogados, familiares e incluso celulares para seguir operando. Tanto el gobierno federal como el de Guanajuato pidieron a EE. UU. esta presión sobre el CSRL, que controla entre 20 y 25 municipios guanajuatenses y ha arraigado apoyo social con obras en comunidades vulnerables.
¿Próximo paso? Saucedo sugiere ir por alcaldes y policías que protegen al cártel. Mientras, la extradición de “El Marro” suena cada vez más como un episodio inevitable de esta serie de narcos y política.
