Marco Rubio, responsable de la política exterior de Estados Unidos, arriba a su primera visita oficial en México con un asunto clave sobre la mesa: el tráfico de fentanilo, del que emanan las otras discusiones. El secretario de Estado acude a concretar con la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y otros funcionarios de alto rango un nuevo pacto de seguridad bilateral, aunque llega con una herramienta de presión: la advertencia del presidente Donald Trump de iniciar una guerra comercial empleando aranceles como arma principal. Varios internacionalistas y especialistas en seguridad coinciden: Estados Unidos busca que México siga su ritmo sin interrupciones. Sheinbaum ha insistido en que todo acuerdo con Estados Unidos se basará en “la responsabilidad compartida, la confianza mutua, el respeto a la soberanía y territorialidad y la cooperación sin subordinación”. Esto se interpreta, como ella lo ha mencionado repetidamente, en que las fuerzas militares estadounidenses no ejecutarán operaciones unilaterales en México. Trump ha propuesto múltiples veces enviar tropas para enfrentar a los carteles, y la Casa Blanca añadió en febrero pasado a varios grupos criminales mexicanos y latinoamericanos a su lista de organizaciones terroristas.
Este martes, Trump dispuso su primer impacto mayor en este contexto. El Ejército hundió en el mar Caribe una embarcación salida de Venezuela, supuestamente con droga. “Un ataque contra personas identificadas con toda seguridad como narcoterroristas”, señaló el comunicado oficial. Hay al menos 11 tripulantes fallecidos. “Por primera vez en los últimos 30 años de relaciones, Estados Unidos está incorporando una mezcla de temas que se influyen mutuamente en sus negociaciones con México”, detalla Raúl Benítez Manaut, profesor en el Observatorio de la Relación Binacional México-Estados Unidos de la Universidad Nacional Autónoma de México. Antes, desde el Tratado de Libre Comercio, cada tema se trataba por separado: seguridad con seguridad, migración con migración, economía con economía. “Pero Donald Trump los mezcla todos: el tema de seguridad no se puede separar de los aranceles y la migración”. Desde su regreso a la presidencia de Estados Unidos en enero de 2025, Trump ha utilizado los aranceles como instrumento de coerción contra México y otros países. La Administración de Sheinbaum evitó un primer golpe en abril pasado y en agosto postergó 90 días una segunda amenaza. “México aún no ha detenido a los carteles que intentan hacer de toda Norteamérica un terreno de juego del narcotráfico”, argumentó Trump. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas van a Estados Unidos. “La visita de Marco Rubio está condicionada por las políticas internas contra los ciudadanos mexicanos dentro de Estados Unidos, en relación directa a si México ayuda a detener el flujo de drogas, principalmente fentanilo”, explica Benítez Manaut, “y el castigo por no cumplir es que Estados Unidos va a ser muy duro con los aranceles o con la renegociación del tratado de libre comercio”. El fin último de Rubio, predice, es un pacto militar de cooperación que permita a Estados Unidos acciones directas conjuntas con México.
Esta es la cuarta gira de Rubio como líder de la diplomacia estadounidense y se da poco después de que la DEA, agencia antidrogas de Estados Unidos, presentara el Proyecto Portero, el desacuerdo más reciente en seguridad entre México y Estados Unidos. La DEA afirmó tener un acuerdo con socios mexicanos en “la lucha contra los carteles”, pero la presidenta mexicana lo negó. Mientras la Administración de su mentor, Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), se caracterizó por desacuerdos constantes con la DEA, la llegada de Sheinbaum y Omar García Harfuch, su secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, pareció fortalecer la relación. García Harfuch se coordina con agencias estadounidenses y, desde la segunda llegada de Trump, los operativos contra el tráfico de fentanilo han sido frecuentes en México. Además, ante la amenaza de guerra comercial, México extraditó 55 narcotraficantes en dos grupos, incluyendo a Rafael Caro Quintero, símbolo para Estados Unidos por su rol en el asesinato del agente de la DEA Enrique Kiki Camarena en 1985. “Desde el punto de vista de México, se le pide un sometimiento a los intereses de seguridad de Estados Unidos”, sostiene Erubiel Tirado, coordinador del Programa de Seguridad Nacional y Democracia de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México, “esto lo vemos en el cambio en la política de acción contra los carteles, que ha pasado de la estrategia de dejar hacer de López Obrador a los ataques frontales contra laboratorios y los decomisos de precursores para hacer fentanilo; también en las entregas de capos con un sustento legal inexistente o el secuestro de Ismael El Mayo Zambada”.
El Mayo, pendiente de sentencia en Estados Unidos tras declararse culpable de dirigir el Cartel de Sinaloa, era incapturable hasta caer en una trampa de Joaquín Guzmán López, hijo de su socio Joaquín El Chapo Guzmán. Según Zambada, fue a mediar un conflicto y Guzmán López lo secuestró, subiéndolo a un avión hacia Estados Unidos, donde ambos fueron arrestados. Es otro gran jefe del narcotráfico mexicano que solo enfrenta justicia al norte del río Bravo. “Seguramente en esta visita se va a formalizar lo que ya se está haciendo actualmente, la pregunta es hasta cuándo van a seguir cediendo a las peticiones de Estados Unidos”, cuestiona Tirado, “que van a seguir pidiendo cosas es un hecho y hay una entrega a las políticas de Estados Unidos que yo creo que no tiene precedentes en el México moderno”. La académica y consultora en seguridad y política de drogas, Catalina Pérez Correa, indica que Estados Unidos culpa a otros sin asumir su responsabilidad. “Estados Unidos exige que se detenga la producción y oferta de sustancias ilícitas, principalmente fentanilo, enfocando su exigencia en México”, argumenta, “pero al final toda la droga que llega a Estados Unidos, por ejemplo a una bodega en Nueva York, tiene que cruzar las fronteras y varios estados. ¿Cómo es que las autoridades de allá no lo saben?”. Rubio, político ultraconservador sin palabras amables para México, acude con la misión de lograr “medidas rápidas y decisivas para desmantelar los carteles, detener el tráfico de fentanilo, poner fin a la inmigración ilegal, reducir el déficit comercial y promover la prosperidad económica y contrarrestar a los actores malignos extracontinentales”. Cuenta con una ventaja, ya que la amenaza persiste en la negociación. En menos de 60 días vence el plazo para los aranceles.
