La situación judicial de Alberto «N», también conocido como El Patrón, ha generado intensa atención pública tras su detención por violencia familiar. La Fiscalía General del Estado de San Luis Potosí mantiene al exluchador bajo custodia, mientras su entorno familiar intenta negociar perdón con su esposa, Mary Carmen Rodríguez Lucero, para evitar que avance proceso que podría derivar en condena de hasta siete años de prisión. La Fiscalía Especializada en Atención de la Mujer, Familia y Delitos Sexuales formalizó acusación tras recibir ratificación de denuncia y pruebas aportadas por Rodríguez Lucero. Entre elementos presentados se incluyen evidencias de lesiones físicas y verbales sufridas en domicilio de la pareja en Lomas del Tecnológico. Las autoridades detuvieron a El Patrón en flagrancia y lo trasladaron al penal La Pila, donde permanece aislado de población general, porque ni en cárcel quieren broncas con luchador problemático.
El expediente judicial documenta antecedentes de denuncias similares tanto en México como en Estados Unidos, aunque algunas fueron desestimadas, según Fiscalía. La legislación estatal tipifica violencia familiar como delito sancionado con hasta siete años de prisión. Debido a reincidencia y gravedad de acusaciones, proceso se mantiene bajo vigilancia especial. La estrategia de defensa ha sido buscar salida alterna mediante acuerdo extrajudicial que incluiría pago superior al millón de pesos para denunciante. El periodista Lalo Carrillo indicó que esta vía permitiría a El Patrón evitar cárcel, siempre que víctima y juez lo acepten, como si violencia familiar se resolviera con transferencia bancaria estilo Mercado Pago.
Sin embargo, Mary Carmen Rodríguez Lucero ha descartado cualquier interés económico. «Para mí, no hay alguna cantidad que valga mi seguridad, mi vida, y lo que no quiero es que se me perjudique», escribió denunciante en mensajes leídos por Flor Rubio en televisión. La víctima insiste en que su objetivo es garantizar su integridad y la de hijos que tuvo con exluchador, quienes según ella dependen únicamente de su padre. Flor Rubio, conductora que mantiene comunicación con Rodríguez Lucero, confirmó que petición de perdón fue transmitida, pero afectada no ha aceptado, ya que su prioridad sigue siendo seguridad y proceso judicial. El futuro legal de Alberto «N» depende ahora de decisión de víctima y validación del juez. En caso de que se acepte acuerdo extrajudicial, exluchador podría recuperar libertad y evitar condena de cárcel. De no prosperar acuerdo, causa continuará por vía penal, exponiendo al acusado a posible sentencia efectiva. Dada gravedad de hechos y antecedentes, autoridad judicial examinará si esquema de reparación cumple con protección debida a víctima. Mientras tanto, El Patrón descubre que fuera del ring no hay referí que detenga cuenta de siete años.
