¡El Salvador sube la apuesta en su guerra contra el crimen! El Congreso, dominado por oficialistas, reformó el martes la Constitución para permitir la cadena perpetua a quienes sean condenados por homicidio, violación y terrorismo. Esta medida, que extiende la prisión más allá de 30 años incluso para sentencias de más de un siglo, como en Argentina, Perú y Chile, llega en medio de una ofensiva contra las pandillas que ya lleva casi cuatro años.
Antes de la aprobación, el presidente Nayib Bukele lanzó un desafío en redes: “Veremos quiénes apoyan esta reforma y quiénes se atreverán a defender que asesinos y violadores sigan libres”. La reforma busca encerrar bajo llave y tirar la llave al fondo del océano a los peores criminales, en un país que desde marzo de 2022 vive bajo un régimen de excepción. Este estado ha suspendido garantías fundamentales, permitiendo a las fuerzas de seguridad detener a más de 90,000 personas y reducir los homicidios a niveles que parecen de ciencia ficción para el El Salvador de antaño.
Sin embargo, no todo es aplauso. Hace apenas una semana, abogados internacionales denunciaron “bases razonables” para creer que se cometen crímenes de lesa humanidad bajo este régimen, incluyendo encarcelamiento arbitrario, tortura, desapariciones forzadas y asesinatos. El gobierno, con la frente en alto, niega rotundamente estas acusaciones, mientras sigue apretando el puño contra las pandillas.
Esto parece más un western que una democracia en calma. ¿Será la cadena perpetua la bala de plata contra el crimen, o solo un capítulo más en una saga de controversias? Bukele juega duro, pero el mundo observa con lupa. El Salvador, entre seguridad y derechos, sigue siendo un ring de boxeo político.
