Los jueces mexicanos albergaban temores de que el recién creado Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), originado en la reforma judicial promovida por Morena, pudiera convertirse en una suerte de tribunal inquisitorial anticuado. Este nuevo ente disciplinario ya ha iniciado sus operaciones con la garantía de que no se iniciará una persecución motivada por fines políticos, sino que supervisará de forma estricta el comportamiento de los jueces. Los magistrados que conforman el TDJ —todos ellos conectados con el oficialismo— han alertado que una de sus tareas iniciales consistirá en examinar el patrimonio de los juzgadores, con el objetivo de verificar si se alinea con sus ingresos, y han proclamado que enviarán a prisión a los corruptos, además de imponer penalizaciones a quienes retrasen la emisión de sentencias.
El TDJ constituye una de las dos mecanismos mediante los cuales el oficialismo ejercerá dominio sobre el renovado Poder Judicial,那个 formado tras la elección popular de jueces en junio pasado. El otro mecanismo es el Órgano de Administración Judicial (OAJ), establecido para administrar el cuantioso presupuesto de la judicatura. Ambas entidades comenzaron a operar el martes, tras la toma de posesión de los jueces electos en el Senado y la instalación oficial de la nueva Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Los magistrados del Tribunal de Disciplina, con el apoyo del oficialismo, lograron sus posiciones al candidatearse en la elección judicial, mientras que los miembros del Órgano de Administración fueron nombrados directamente por el Ejecutivo, el Senado y el pleno de la Corte.
Antes de la aparición del TDJ y el OAJ, el ahora abolido Consejo de la Judicatura Federal se ocupaba simultáneamente de monitorear a los jueces y de gestionar los recursos materiales y humanos del entero Poder Judicial. La reforma concebida por Andrés Manuel López Obrador y perpetuada por Claudia Sheinbaum, la presidenta, separó esas funciones y las asignó a dos entidades separadas. Los expertos en Derecho y los jueces plantearon en su momento dudas sobre el diseño del Tribunal de Disciplina. Aunque el oficialismo enfatizó que no se castigará a ningún juez por el contenido de sus fallos, sino solo por comportamientos inapropiados, los críticos advirtieron que la distinción es extremadamente fina. Además, generó inquietud que un mismo órgano asuma tanto la investigación como la aplicación de sanciones por las infracciones. El TDJ tiene la decisión definitiva y no hay una instancia externa para apelar una determinación.
Los magistrados del tribunal han buscado responder a estos cuestionamientos. “No vamos a ser la Inquisición ni perseguidores de amigos o de enemigos, vamos a cuidar la buena conducta de los juzgadores, que traten bien al personal que depende de ellos, que traten bien a la ciudadanía que acude a pedir justicia”, garantizó el magistrado Bernardo Bátiz, una de las figuras más próximas a López Obrador y a Morena. “Vamos a cuidar también, y esto es muy importante, su fortuna, cómo está, qué tienen, cómo la hicieron. […] Somos revisores, no de las sentencias, sino de la conducta, cómo se portan, cómo cumplen los reglamentos”, complementó. La magistrada Celia Maya, presidenta del TDJ y militante de Morena, y el magistrado Rufino León enfatizaron la importancia de acortar los plazos que toman los tribunales para resolver los casos, lo que demora el derecho al acceso a la justicia. “Daremos cárcel a los jueces corruptos y sanciones severas a los que retarden o resuelvan injustamente los casos. Desterremos de una vez la idea de que en México solo se obtiene justicia si se cuenta con dinero o poder”, manifestó León. Maya agregó que “no se debe tolerar que haya conductas inadecuadas o indolentes en la administración de justicia”, y precisó: “no es admisible la impunidad de los malos juzgadores, es inaceptable el retardo en la resolución de los asuntos”.
Con el establecimiento del Órgano de Administración Judicial, al mismo tiempo que el TDJ, se ha finalizado la nueva imagen de la judicatura en la era de Morena. El presidente del OAJ, Néstor Vargas —muy allegado a la presidenta Sheinbaum y que enfrenta acusaciones de abuso sexual—, advirtió que se modificará el gasto del Poder Judicial. “La austeridad será norma, no excepción, ya que cada peso será auditado, cada plaza será revisada, cada readscripción y adscripción será transparente”, expresó, y concluyó: “porque no hay justicia sin honestidad”.
