Consejeras y consejeros del Instituto Nacional Electoral alertaron que una posible reestructuración del ente, como la disminución en la cantidad de miembros del Consejo General, generaría efectos adversos en su operación y menoscabaría funciones esenciales, en el marco del debate sobre una futura reforma electoral.
La consejera Dania Ravel indicó que suprimir dos consejerías impactaría severamente la capacidad operativa del instituto, puesto que a partir de la reforma de 2014 el INE incorporó nuevas competencias que se reparten entre las y los consejeros. Disminuir su cantidad, expresó, conllevaría una sobrecarga laboral y un desequilibrio entre responsabilidades y organización.
Advirtió también que uno de los peligros más serios radicaría en la eventual eliminación de los órganos desconcentrados permanentes, lo cual restringiría la presencia territorial del instituto y su habilidad para llevar a cabo operaciones diarias.
A su vez, la consejera Claudia Zavala enfatizó que el INE ha proporcionado resultados comprobables y rastreables, razón por la cual estimó que una reforma debería centrarse en reforzar la transparencia, particularmente en procedimientos como los nombramientos, para prevenir conjeturas y responder a interrogantes con datos claros y directos.
Por otro lado, el consejero Arturo Castillo advirtió acerca de la opción de que las juntas locales y distritales se establezcan únicamente de forma temporal en los periodos electorales. En su opinión, esta acción incidiría directamente en ámbitos cruciales como la fiscalización, la distritación y la geografía electoral, al reducir las capacidades de indagación y monitoreo continuo.
Los miembros del Consejo General concordaron en que toda alteración a la estructura del INE debe tomar en cuenta el verdadero alcance de sus labores y evitar determinaciones que pongan en riesgo la eficiencia, independencia y robustez técnica de la autoridad electoral.
