¡Menudo descarrilamiento, literal y figurado! España está de luto tras el trágico accidente de tren de alta velocidad del 18 de enero en Adamuz, cerca de Córdoba, que dejó 45 muertos y más de 150 heridos. Este martes, el ministro de Transportes, Óscar Puente, anunció que el Gobierno desembolsará 20 millones de euros (unos 24 millones de dólares) en indemnizaciones para calmar el tsunami de tristeza y críticas.
Las familias de los fallecidos recibirán 216,000 euros cada una en menos de tres meses, un cóctel de 72,000 euros libres de impuestos del Gobierno, otro tanto como anticipo del seguro, y el resto del seguro obligatorio de viaje. Los heridos, dependiendo de la gravedad, se llevarán entre 2,400 y 84,000 euros. Puente, con cara de quien sabe que no hay monto que repare un corazón roto, admitió que los tiempos judiciales son más lentos que un tren de juguete y que las víctimas no pueden esperar años por ayuda.
Pero el drama no para ahí. El accidente de Adamuz es solo la punta del iceberg: esa misma semana, un maquinista murió en Cataluña y hubo otros dos siniestros sin fatalities. La opinión pública tiene a Puente en la mira, y el Partido Popular ya pide su cabeza en bandeja. Para colmo, el servicio catalán Rodalies colapsó con conductores negándose a trabajar por seguridad y un fallo de software que dejó a miles varados, como si el tren fuera un meme de “no funciona”.
Esto parece un guion de comedia negra: trenes que no llegan, ministros contra las cuerdas y un país preguntándose si subirse a un vagón es jugar a la ruleta rusa. ¿Podrá Puente enderezar el rumbo o seguirá este tren rumbo al caos?
