Las exjuezas Marlen Ángeles Tovar y Marhéc Delgado Padilla, removidas de sus puestos después de rechazar su participación en la elección judicial reciente, manifestaron su confianza en obtener la indemnización correspondiente, similar a la que percibirán cientos de exjuzgadores en idéntica circunstancia.
Las dos indicaron que la presidenta Claudia Sheinbaum admitió el derecho de los excolaboradores del Poder Judicial de la Federación (PJF) a recibir indemnizaciones, lo cual ha creado expectativas positivas entre los involucrados.
Ángeles Tovar, que ejerció por 22 años como titular del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, ubicado en Culiacán, Sinaloa, mencionó que, luego de semanas de inseguridad, empiezan a percibir “una luz de esperanza” y depositan su fe en la buena voluntad de las autoridades.
En tanto, Delgado Padilla, quien fue jueza del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Mercantil Federal, con base en Villahermosa, Tabasco, enfatizó que la modificación en la posición del Ejecutivo federal otorga seguridad respecto al acatamiento de los pagos.
En su rueda de prensa, la presidenta Sheinbaum comunicó que hay 6 mil millones de pesos disponibles para cubrir las liquidaciones, fondos derivados de los fideicomisos del Poder Judicial. Garantizó que el gobierno federal respetará los derechos laborales y que los trabajadores “recibirán lo que les corresponde conforme a la ley”.
Las exjuezas manifestaron que todavía ignoran los montos precisos de sus indemnizaciones, pero apuntaron que los magistrados del Órgano de Administración Judicial (OAJ) les aseguraron que los pagos están garantizados y poseen respaldo constitucional.
De manera paralela, el Sindicato Nacional de Renovación del PJF dio a conocer una suspensión total de labores en los órganos jurisdiccionales del país, como protesta ante la falta de insumos, despidos masivos y el incumplimiento del aumento salarial anual, cuestiones que continúan a pesar de los compromisos adquiridos por el OAJ.
