En un guion que parece sacado de una película de gángsters, empresarios del gas LP y estaciones de servicio del norte del Estado de México denunciaron una red de extorsión orquestada por elementos de la Policía Ministerial Federal, ligados a la Fiscalía General de la República (FGR). Desde diciembre, estos supuestos “operativos” en Naucalpan, Atizapán de Zaragoza y Nicolás Romero tienen más de trampa que de ley.
Los agentes, que aparecen como fantasmas los fines de semana, dicen buscar huachicol, pero los empresarios afirman que no traen ni una triste orden legal. Aun así, con cara de pocos amigos, amenazan con clausuras y carpetas de investigación por “irregularidades administrativas”, exigiendo entre 100 mil y 200 mil pesos mensuales para no cerrar el changarro. Raúl Garza, de una gasolinera en Atizapán, soltó un grito al cielo: “Tenemos todos los permisos, generamos empleos, ¿y ahora los policías nos quieren exprimir como limones?”
El modus operandi es tan repetitivo que parece ensayado. Tras una revisión de dos minutos, llega un Ministerio Público con una “orden judicial” mágica, y la presión sube como gasolina en surtidor. Si no pagas, te clausuran por un año “mientras investigan”. Te dejan un numerito de teléfono y, al llamar, te dicen que sueltes el billete para “agilizar” el desbloqueo y evitar más visitas. Arturo Martínez, otro afectado, pidió ayuda urgente a la fiscal Ernestina Godoy y a la gobernadora Delfina Gómez, porque si no, esto será un chantaje interminable.
La FGR ya sabe del tema y hay un expediente en Asuntos Internos. Los empresarios apuntan a un tal José Eduardo Acosta y al comandante Fernando Pérez, de la Subdelegación en Naucalpan, quienes llegan con 10 agentes armados en camionetas oficiales. ¿Justicia o negocio? Estos policías parecen más cobradores de deuda que guardianes de la ley.
